La Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto y dictó pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia y los exsecretarios de Servicios Administrativos y de Salud y Protección Social. La acusación apunta a irregularidades en la manera como se ejecutó el Programa de Alimentación Escolar durante el 2022, un servicio que debería haber sido prioritario desde el primer día de clases.

Lo que encontró la Procuraduría Provincial en Santa Fe de Antioquia no es cosa menor. Los entonces funcionarios simplemente no garantizaron que los niños tuvieran comida en los comedores cuando las clases arrancaron en enero de 2022. El programa solo comenzó a finales de abril, casi cuatro meses después. Para cualquier padre o madre de familia, la pregunta es evidente: ¿qué comían los estudiantes mientras tanto?

La investigación reveló que todo apunta a fallas graves en la planeación contractual. La administración municipal aparentemente esperó a que la gobernación departamental girara recursos, cuando en realidad el municipio tenía sus propios fondos disponibles para poner en marcha el programa desde el inicio del año lectivo. Una decisión que, vista así, suena más a negligencia que a un simple traspié administrativo.

El Ministerio Público calificó lo sucedido como una falta grave a título de culpa grave, lo que explica por qué la Procuraduría decidió llevar el caso adelante. Los niños de Santa Fe de Antioquia se quedaron sin alimentación escolar durante meses, algo que afecta directamente su desempeño académico y su bienestar. Ahora la justicia disciplinaria tendrá que determinar qué responsabilidad pesan en los hombros de quienes manejaban esas decisiones en 2022.