La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria contra Jorge Arturo Lemus Montañez, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia. La razón de fondo es que habría cometido irregularidades durante reuniones sostenidas a comienzos de 2025 con Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como 'Papá Pitufo'.

Según el auto de apertura de la Sala Disciplinaria de Instrucción, los encuentros ocurrieron mientras Lemus ejercía como director de la DNI, y en ellos habría realizado ofrecimientos de beneficios de naturaleza judicial. El ente de control considera que estas actuaciones constituyen un presunto abuso de funciones, ya que esos beneficios son competencia exclusiva de las autoridades judiciales. El punto cuestionable es que estos ofrecimientos se habrían dirigido a quien representa a Marín Buitrago, señalado como actor vinculado a actividades de contrabando.

Las reuniones, según lo que investiga la Procuraduría, tenían el propósito de facilitar la entrega en Colombia de Marín Buitrago en el marco de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional. De acuerdo con lo documentado, el abogado Ramírez habría manifestado que su cliente contaba con información que comprometería al Gobierno y a personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la Procuraduría ya solicitó a la Fiscalía General que informe si adelanta investigaciones relacionadas con audios de estas reuniones, los cuales fueron difundidos por medios de comunicación. Si la Fiscalía tiene procesos en curso, el ente de control practicará una inspección disciplinaria para recopilar información relevante.

También se ordenaron inspecciones disciplinarias en la sede de la DNI y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El propósito de estas diligencias es establecer si hubo autorizaciones o instrucciones para adelantar acercamientos con Diego Marín Buitrago desde instancias oficiales.

Es importante aclarar que la apertura de esta investigación disciplinaria es apenas el inicio del proceso y no implica una determinación de responsabilidad. Lo que busca la Procuraduría es establecer si existió una extralimitación de funciones por parte del exdirector de la DNI y si las conductas se ajustaron o no al marco legal vigente.