La Procuraduría General de la Nación acaba de tomar cartas en el asunto en San Pablo, Bolívar. Este viernes presentó cargos contra el exalcalde Omar Bohórquez Rojas y la exalcaldesa encargada Mildred Mancera Gómez por presuntas irregularidades en la forma como se otorgó un contrato valorado en 6.494 millones de pesos para la rehabilitación del parque principal del municipio.

Lo grave del asunto es la manera en que se entregó esa obra. En lugar de hacer una licitación pública, donde varias empresas compiten ofreciendo sus servicios y precios, los exfuncionarios locales decidieron entregar el contrato de forma directa, lo que en el lenguaje oficial se conoce como contratación directa. Para obras de tanto valor, la ley es clara: debe realizarse un proceso de selección abierto y transparente. Saltarse esa obligación es precisamente lo que tiene preocupado al Ministerio Público, pues viola los principios básicos de transparencia y de igualdad en la contratación.

Ahora bien, los exalcaldes intentaron justificar su decisión. Argumentaron que utilizaron normas especiales que están diseñadas exclusivamente para beneficiar a las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, la Procuraduría no lo ve de esa forma. "La Procuraduría advirtió que, aunque la contratación se sustentó en normas aplicables a convenios con comunidades afrodescendientes, el objeto del contrato no estaría relacionado con el fortalecimiento de la identidad étnica, la autonomía o los derechos de estas comunidades, por lo que no procedía el uso de dicha modalidad excepcional", señaló el Ministerio Público en sus hallazgos.

En otras palabras, arreglando un parque no se fortalece la identidad o los derechos de una comunidad afrodescendiente, de modo que no era válido invocar esas normas para evitar hacer una licitación pública.

Los cargos presentados son de considerable gravedad. La Procuraduría calificó las acciones como faltas gravísimas, lo que significa que los exalcaldes habría incurrido en "culpa gravísima" al no respetar las reglas sobre cómo debe gastarse el dinero público que pertenece a todos los habitantes de San Pablo. De confirmarse estas irregularidades, los implicados podrían enfrentar sanciones severas por su gestión de los recursos del municipio.