La Procuraduría Genera de la Nación abrió fuego contra dos funcionarios públicos acusados de dejar en el limbo casi 900 viviendas que familias en Cesar y La Guajira esperan recibir. Se trata de Jaime Alberto Pardo Parra y Víctor Hugo Macea Buelvas, gerentes del contrato Interventor de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, a quienes investiga por posibles irregularidades en la ejecución de cinco contratos para construir estas casas de interés prioritario.

Según el expediente que maneja el Ministerio Público, lo que pasó aquí no fue simplemente una demora de construcción cualquiera. El organismo de control señala múltiples falencias que comprometen la finalización del proyecto: incumplimientos contractuales, retrasos significativos en la ejecución de las obras y, lo que más duele, debilidades evidentes en el ejercicio de la supervisión y la interventoría. Además, aparentemente se concedieron ampliaciones de plazos sin que existieran sanciones efectivas para los contratistas responsables de los atrasos.

Lo más preocupante es que las familias beneficiarias siguen esperando. La Procuraduría detectó presuntas deficiencias en las acciones que deberían mantener las obras avanzando según los cronogramas originales, generando retrasos que considera injustificados. Al día de hoy, el proyecto sigue en fase de ejecución sin que exista una fecha clara para que los beneficiarios puedan recibir sus casas.

La investigación buscará establecer si estos dos funcionarios cometieron faltas graves que justifiquen sanciones como destitución o inhabilitación. El caso es importante porque estas 900 viviendas hacen parte de un plan de vivienda social pensado para poblaciones vulnerables en ambos departamentos del Caribe colombiano, donde el déficit habitacional es crítico y las familias de bajos ingresos cargan con esa necesidad a cuestas.

El resultado de esta investigación podría sentar un precedente sobre la responsabilidad real que deben asumir los interventores en proyectos de infraestructura social en el país.