Procuraduría investiga a dos funcionarios por irregularidades en proyecto de 900 viviendas en La Guajira y Cesar
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra dos gerentes de interventoría por presuntas irregularidades en un proyecto de vivienda de interés prioritario. Se detectaron incumplimientos contractuales, retrasos en las obras y debilidades en la supervisión que habrían afectado la entrega de casas a familias beneficiarias en La Guajira y el Cesar.
La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria contra dos funcionarios responsables de vigilar la ejecución de un proyecto que busca construir 900 viviendas en La Guajira y el Cesar. La medida se tomó tras detectar posibles irregularidades en cómo se han desarrollado estas obras de vivienda de interés prioritario, que son tan necesarias para las familias con menos recursos en el país.
Los investigados son Jaime Alberto Pardo Parra y Víctor Hugo Macea Buelvas, quienes se desempeñaron como gerentes del contrato de interventoría de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio). La Procuraduría, que es el organismo de control en materia disciplinaria, determinó que sus acciones merecen ser examinadas a fondo.
De acuerdo con las primeras indagaciones, en este proyecto se habrían cometido incumplimientos contractuales y se presentaron retrasos significativos en la ejecución de las obras. Además, se cuestiona la calidad de la supervisión e interventoría que estos funcionarios realizaron. Otro asunto preocupante es la posible ampliación de los plazos de construcción sin que se aplicaran sanciones efectivas a los responsables, lo que habría dejado sin protección a las familias afectadas por los atrasos.
Las debilidades detectadas en las labores de vigilancia también incluyen falencias en las acciones dirigidas a garantizar que los proyectos se terminaran dentro de los tiempos establecidos. Según el Ministerio Público, todas estas situaciones habrían incidido directamente en que las viviendas llegaran tarde a las familias beneficiarias que las esperaban.
La Procuraduría ahora evaluará el grado de cumplimiento de los contratos y el avance real de las obras. De acuerdo con las pruebas recopiladas hasta el momento, estas construcciones continúan en ejecución, lo que significa que la entidad tendrá la oportunidad de revisar en detalle cómo se ha invertido el dinero público y si se han seguido los protocolos necesarios para garantizar que estas familias reciban lo que les corresponde.
Fuente original: Diario del Norte

