Procuraduría investiga a dos exfuncionarios por retrasos en proyecto de 900 viviendas en Cesar

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra dos exgerentes que supervisaban la construcción de 900 viviendas de interés prioritario en Cesar y La Guajira. Los funcionarios enfrentan cargos por posibles incumplimientos contractuales, retrasos en las obras y debilidades en la supervisión. El organismo de control busca determinar responsabilidades por los atrasos que han impactado la entrega de viviendas a familias beneficiarias.
La Procuraduría General de la Nación decidió investigar a dos exfuncionarios por su gestión en un ambicioso proyecto de construcción de viviendas en la región caribeña. Los indagados son Jaime Alberto Pardo Parra y Víctor Hugo Macea Buelvas, quienes trabajaron como gerentes responsables de la interventoría del proyecto ejecutado por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).
El proyecto en cuestión contempla levantar 900 viviendas de interés prioritario distribuidas entre Cesar y La Guajira, un trabajo que debería significar acceso a vivienda digna para casi un millar de familias de la región. Sin embargo, según lo que ha encontrado el ente de control, las cosas no han marchado como debería.
De acuerdo con la Procuraduría, hay indicios de posibles fallas graves en cómo se ejecutaron y supervisaron cinco contratos de obra relacionados con el proyecto. Entre los problemas que investigan están los presuntos incumplimientos contractuales, los retrasos en el avance de las construcciones y las debilidades en las labores de supervisión e interventoría. También llaman la atención las ampliaciones de plazo que supuestamente no fueron acompañadas de medidas sancionatorias efectivas para quienes no cumplían.
La investigación también apunta a deficiencias en las acciones que se tomaron para garantizar que los trabajos avanzaran conforme a los tiempos establecidos. Esos retrasos han tenido un costo directo: las viviendas no han llegado a tiempo a las familias beneficiarias que las esperaban.
Ahora la Procuraduría evaluará en detalle el nivel de cumplimiento de cada contrato y buscará entender por qué el proyecto aún sigue en ejecución cuando las obras deberían haberse completado según los cronogramas que se planearon inicialmente. El objetivo final es determinar si hubo omisiones o actuaciones que violaron los deberes funcionales de quienes tenían la responsabilidad de supervisar las obras, y establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan por los atrasos registrados.
Fuente original: Diario del Cesar
