En el municipio de La Jagua de Ibirico, en Cesar, se ha abierto una investigación disciplinaria tras la aprobación de un endeudamiento público de grandes proporciones. Jazen Kmilo Suárez Rodero interpuso una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra 13 concejales locales, cuestionando la legalidad de la decisión que permitió al alcalde Leonardo Fabio Hernández Cataño gestionar un crédito por hasta 44 mil millones de pesos.

El inconformismo del denunciante se centra en el Acuerdo Municipal No. 023 del 17 de diciembre de 2025, mediante el cual el Concejo Municipal otorgó facultades amplias al mandatario para tramitar ese endeudamiento. Según Suárez Rodero, el acuerdo contiene lo que él considera vicios de ilegalidad que cuestionan su validez desde el punto de vista jurídico.

Lo que preocupa al denunciante es que el monto aprobado equivale a más de la mitad del presupuesto anual del municipio, que ronda los 82 mil 988 millones de pesos. Pero la inquietud va más allá de la cifra en sí. Suárez Rodero sostiene que la autorización fue entregada de manera genérica, sin establecer claramente qué proyectos específicos se financiarían ni en qué plazos se contrataría el crédito. Tampoco se presentaron, según su criterio, los estudios técnicos necesarios que probaran que el municipio tiene capacidad de pago para asumir una deuda de esa envergadura.

El denunciante también advierte sobre un problema grave: los pagos de esta deuda comprometería recursos de años venideros y se extenderían más allá de 2027, cuando finaliza la administración actual. Para él, esto viola disposiciones constitucionales y legales que protegen el manejo responsable del dinero público.

Los concejales mencionados en la queja son María Victoria Arzuaga Manjarrez, Adier Brujes Ochoa, Edinson Chaparro Meza, Yoiner Pallares Galván, Mario José Machado Nieto, José Miguel Martínez Villa, Amarildo Rafael Molina Trillos, Vivian Rosa Moreno Castrillo, Óscar Parejo Cudris, José Antonio Rincón Pérez, César Zambrano Turizo, Luis Gabriel Valero Flórez y Armando Vides Castro.

En su presentación ante la Procuraduría, Suárez Rodero fue enfático en su petición: "Hago un llamado respetuoso a la Procuraduría General de la Nación y al despacho que conoce dé la demanda para que, dentro de sus competencias, actúen con la mayor celeridad, rigor jurídico y apego al ordenamiento constitucional y legal. Resulta imperativo que, de encontrarse mérito, se adopten las decisiones a que haya lugar para marcar un precedente respecto a estos casos y se eviten actuaciones similares".