La Procuraduría General de la Nación puso bajo investigación a un grupo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tras denuncias de participación indebida en política. Entre los señalados está la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. El punto de partida de la indagación es una reunión que habría ocurrido en Madrid el 13 de febrero, presuntamente liderada por la canciller, con el propósito de organizar los comicios de marzo, mayo y junio de 2026 en el exterior.

La queja formal la presentó Wilson Ruiz, exministro de Justicia, quien acusó a Villavicencio de extralimitarse en sus funciones. En su denuncia, Ruiz fue claro sobre su preocupación: "Hoy presenté una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra la Canciller Rosa Villavicencio por sus acciones para coordinar temas electorales que no le corresponden. La Constitución es clara: la organización electoral no le corresponde al Gobierno". Aunque el dedo acusador apunta directamente a la canciller, la Procuraduría decidió que antes de formular cargos individuales necesita identificar con precisión a todos los involucrados en el asunto.

El organismo de control fue explícito en su estrategia inicial. Según documentos publicados en la Revista Semana, la idea es "obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, establecer presuntos responsables y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria". Para esto, pidió a la Cancillería un listado detallado de los cónsules en ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Mallorca e Islas Canarias. También requirió información específica sobre la reunión de Madrid: fecha, hora, lugar exacto, nombres y cargos de los asistentes, y la agenda de lo tratado.

La investigación no queda limitada a los despachos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Procuraduría se comunicó también con la Registraduría Nacional para determinar si realmente hubo una invasión de competencias que corresponden exclusivamente a las autoridades electorales. Se busca establecer qué rol jugaron los cónsules en la logística electoral y si hubo irregularidades en cómo se designaron los jurados de votación para la jornada del 8 de marzo de 2026. El organismo de control fue enfático en solicitar que se "explicar y documentar cómo se llevó a cabo el proceso para la designación de jurados de votación" en los consulados colombianos en España, para descartar cualquier sesgo político en la organización de las mesas electorales en el exterior.