Con la estrategia "Paz Electoral" en marcha, la Procuraduría General de la Nación aprieta los controles sobre funcionarios que pretenda participar indebidamente en la política electoral. El procurador Gregorio Eljach dejó claro que el llamado no es exclusivo para servidores del Estado sino para toda la ciudadanía: proteger el proceso democrático es tarea de todos.

Lo que la entidad busca es recordarle a los funcionarios públicos dónde está la línea que no deben cruzar. Según Eljach, no toda participación en política es prohibida, pero sí lo es cuando un servidor público usa su cargo, los recursos que administra o su influencia institucional para favorecer a un candidato o partido. El enfoque no es tanto castigar sino enseñar, prevenir que los problemas lleguen a sanciones posteriores.

Los números hablan por sí solos: hay 89 investigaciones abiertas por estos hechos relacionados con las elecciones al Congreso y presidenciales de este año. De esas, cuatro ya están próximas a que la Procuraduría formule pliego de cargos. Eljach explicó que "la mayoría de los casos permanece en fase preliminar debido a la necesidad de verificar denuncias, analizar videos, testimonios y otras evidencias antes de establecer responsabilidades". Los expedientes que avanzan más rápido son precisamente aquellos donde las pruebas son contundentes y claras.

Lo que genera más inquietud es que no se trata solamente de funcionarios de tercera o cuarta línea. La investigación incluye personas de todos los niveles: desde alcaldías y gobernaciones hasta el Gobierno Nacional. El procurador fue particularmente directo al respecto: "En las cuatro (investigaciones) hay ministros", entre otros funcionarios de distintos niveles del Estado. Sin embargo, por restricciones legales, Eljach no puede revelar sus nombres ni otros detalles hasta que haya una imputación formal. Esa información se hará pública solo cuando avance el proceso disciplinario.

Las investigaciones comenzaron después de las elecciones de marzo, y la Procuraduría ya abrió nuevos procesos relacionados con hechos posteriores. El horizonte es claro: evitar que estas conductas se repitan, especialmente considerando que las elecciones presidenciales están próximas. Eljach reiteró que fortalecer la vigilancia y el control disciplinario es un esfuerzo institucional para garantizar que el poder público se use con mayor transparencia durante los periodos electorales. La idea es que conozcan las reglas antes de que sea demasiado tarde.