Siete embajadores y representantes diplomáticos de Colombia enfrentan investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política. La indagación se abrió tras una queja que señala posibles apoyos a aspirantes presidenciales a través de redes sociales, un tema que ha cobrado relevancia en medio del proceso electoral que culminará con la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio de 2026.

Entre los diplomáticos investigados está Luis Ernesto Vargas Silva, quien representa a Colombia ante la Organización de Estados Americanos. También figuran Milton Rengifo Hernández, embajador en Venezuela; José Roberto Acosta Ramos, embajador en Argentina; Luis Fernando Medina Madrid, representante permanente ante la OCDE; Jhenifer María Sindei Mojica Flórez, embajadora ante la FAO; Daniel Ernesto Prado Albarracín, embajador en Bélgica; y Elizabeth García Carrillo, embajadora en Bolivia.

La Procuraduría busca determinar si estos funcionarios utilizaron plataformas como X e Instagram para difundir, replicar o interactuar con contenidos relacionados con candidatos presidenciales. Para ello ordenó la práctica de pruebas documentales y solicitó apoyo técnico que permita verificar publicaciones, comentarios e interacciones desde las cuentas atribuidas a los diplomáticos. Este análisis será decisivo para establecer si los hechos denunciados ocurrieron y si tienen relevancia disciplinaria.

Es importante aclarar que abrir una investigación no significa que haya responsabilidad comprobada. En esta etapa inicial, los funcionarios podrán presentar su versión de los hechos mientras el Ministerio Público recopila pruebas y analiza si hay mérito para avanzar en el proceso disciplinario. La pregunta de fondo es si las interacciones en redes sociales pueden considerarse proselitismo político desde cargos diplomáticos.

De acuerdo con criterios establecidos por Función Pública, los servidores públicos no pueden participar en actividades de partidos, movimientos o controversias políticas, incluidas actividades proselitistas en redes sociales, con excepción del ejercicio del derecho al voto. Desde mayo, la Procuraduría había reforzado su estrategia contra la participación indebida en política de servidores públicos, poniendo énfasis especial en el uso del cargo, los recursos estatales y los canales institucionales durante campañas electorales.

Esta investigación se suma a otros expedientes abiertos durante la campaña por presunta participación política de funcionarios públicos. En casos previos, la Procuraduría ha revisado declaraciones, publicaciones y mensajes en redes para establecer si hubo promoción de candidaturas desde cargos estatales. Lo que sigue ahora es la recolección de pruebas, la verificación técnica de las cuentas y el análisis de los descargos que presenten los diplomáticos. Con ese material, la entidad deberá decidir si cierra el caso o formula cargos disciplinarios.