La Procuraduría ya está en movimiento. Acaba de iniciar una inspección administrativo en la Superintendencia de Salud para revisar a fondo los procedimientos que llevaron a prorrogar la intervención en Nueva EPS, la aseguradora que atiende a más colombianos que cualquier otra. El procurador Gregorio Eljach confirmó el operativo y dejó claro su propósito: "En este momento están ya yendo en camino una visita administrativa de control para establecer la veracidad de lo que dice la información y abrir las investigaciones a quien corresponda y echar a andar el proceso disciplinario". Eljach pidió paciencia, pero también recordó que todo se hará "sometida al debido proceso, al derecho de defensa, a todas las garantías que acompañan a los ciudadanos, especialmente a la presunción de inocencia".

La acción no es casual. Hace poco salió a la luz una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, difundida por Caracol Radio, que asegura el Gobierno se saltó todos los protocolos legales para intervenir esa entidad. Lo más grave es que esto involucra directamente a Luz Marina Múnera, superintendente encargada del caso. Según un documento de la Procuraduría del 14 de abril, Múnera habría tomado la decisión de prorrogar la intervención sin cumplir con ninguno de los pasos requeridos: no se realizó el informe técnico obligatorio, no se solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento, y presentó un informe con inconsistencias sobre el debido proceso. Peor aún, habría afirmado que Nueva EPS incumplió recomendaciones que ni siquiera le fueron dadas previamente.

Mientras esto ocurre, otros órganos de control también están moviendo ficha. El 9 de abril, la Contraloría General de la República ejecutó una actuación de Policía Judicial en ambas entidades para recopilar información financiera. La razón es clara: Nueva EPS ha sido reiteradamente ausente con sus estados financieros, lo que genera preocupación sobre la salud del sistema de aseguramiento en salud. Un día antes, el 8 de abril, la procuradora delegada Mónica Andrea Ulloa envió siete preguntas concretas a Múnera que debía responder en tres días hábiles. La pregunta del millón era si Nueva EPS seguía teniendo los problemas financieros, administrativos y jurídicos que justificaron su intervención en primer lugar.

Los papeles que acompañan el requerimiento revelan un panorama desolador de fallas que nunca fueron arregladas durante la intervención gubernamental. En materia financiera, Nueva EPS nunca implementó controles efectivos sobre los dineros que recibe del Estado. Los pagos adelantados a médicos y clínicas, que debieron ser excepcionales, se volvieron la norma para atender problemas en la red de servicios y demandas judiciales. En procesamiento de cuentas médicas, hasta agosto de 2025 usaban un sistema manual y obsoleto que causaba demoras y errores. Aunque activaron uno nuevo en septiembre, los retrasos acumulados nunca se resolvieron.

La tecnología es otro desastre. La EPS opera con infraestructura obsoleta, tiene fallas graves en seguridad informática, procesos de facturación atrasados y depende de un solo centro de datos. Esto la deja vulnerable ante ataques cibernéticos o fallas del sistema. Lo más surreal: el giro de recursos se maneja en hojas de cálculo de Excel. En contratación también hay caos: persisten contratos verbales con proveedores sin documento escrito, y hay una concentración peligrosa en pocos actores de la cadena de servicios, generando riesgos legales, financieros y de imagen.

La Procuraduría también exigió copias de los informes internos de seguimiento, las actas de reuniones y los reportes de la funcionaria que vigilaba las finanzas de la EPS durante la intervención. Hay un documento de febrero de 2026 que debió entregarse el 10 de marzo y que aún no ha llegado. Todo suma para un panorama donde no solo hay sospechas de que se saltaron procedimientos, sino pruebas de que los problemas que justificaban la intervención nunca fueron realmente solucionados.