El colapso del sistema de pasaportes sigue dejando secuelas, y la Procuraduría General acaba de confirmar lo que muchos colombianos ya sospechaban: hay fallas y irregularidades graves en la plataforma tecnológica que administra este trámite. Tras una inspección directa en la Cancillería, el ente de control encontró problemas serios en la infraestructura, la operación y los procesos de mantenimiento del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, conocido como SITAC.

Los problemas explotaron cuando el sistema cayó el pasado 7 de abril. Desde entonces, la expedición de pasaportes se paralizó tanto en Colombia como en los consulados en el extranjero, generando filas interminables, frustraciones y quejas constantes de ciudadanos que necesitaban este documento. Lo más preocupante es que todo apunta a "graves incumplimientos" en la modernización de la plataforma, situación que habría podido evitarse con una gestión más rigurosa.

La cosa se complica más cuando se mira el panorama completo. El sistema fue víctima de ataques cibernéticos que empeoraron la crisis, y además, ciudadanos y funcionarios denuncian que no hubo avisos suficientes antes del desastre. Muchas personas llegaron a consulados sin saber que el servicio estaba caído, lo que aumentó la confusión y la frustración.

La Procuraduría también metió lupa en el contrato que se hizo para fortalecer y actualizar el SITAC. Allí encontró posibles irregularidades preocupantes: dudas sobre quién fue contratado, cómo se hizo el pago de la obra y las extensiones de plazo que se otorgaron. Incluso, hay señalamientos de que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tomó acciones suficientes para sancionar los incumplimientos que se detectaron en el camino.

Desde la Cancillería advierten que habrá más interrupciones temporales en los próximos días porque necesitan implementar mejoras de fondo. La entidad explicó que "estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo".

Con toda esta información sobre la mesa, el Ministerio Público ahora analizará qué pasó y quiénes son responsables. El objetivo es establecer si hubo faltas disciplinarias o contractuales que desencadenaron este desastre administrativo que dejó a miles de colombianos esperando por un pasaporte.