Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, la Procuraduría le está apuntando a un objetivo claro: evitar que los servidores públicos usen su cargo para meterse en política. El procurador general, Gregorio Eljach, anunció una estrategia institucional presentada como una evolución de lo que llaman Paz Electoral, una especie de pedagogía reforzada para que todos los funcionarios del Estado sepan exactamente qué conductas están prohibidas durante el periodo de campaña.

La apuesta de la Procuraduría es ambiciosa. Para ejecutarla, creó un grupo élite especializado en investigar casos de participación indebida en política. Este equipo no solo vigilará la contratación pública, sino cualquier conducta que comprometa la neutralidad del Estado en medio del proceso electoral. Además, el próximo 6 de mayo en Bogotá se realizará la Gran Cumbre de Procuradores Territoriales y Delegados, donde Eljach impartirá las líneas de trabajo que deben implementar los funcionarios encargados del control disciplinario en todas las regiones.

El mensaje desde la Procuraduría es claro: no habrá tolerancia. La entidad señaló que las infracciones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático no pasarán desapercibidas, máxime en el contexto de unas elecciones presidenciales que están previstos para el 31 de mayo.

Entre las conductas prohibidas que se reiteraron están algunas bastante específicas. Los funcionarios no pueden usar su cargo, el tiempo laboral, o bienes y recursos públicos con fines de campaña (lo que llaman proselitismo). Tampoco pueden presionar a sus subalternos para que favorezcan una candidatura, difundir propaganda electoral, o intervenir en controversias políticas. Adicional a esto, queda restringido el uso de información reservada para actividades partidistas y la financiación de campañas, con las pocas excepciones que establece la Constitución para miembros de corporaciones públicas.