La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre lo que sucede en Nueva EPS. El organismo de control le pidió formalmente a la Superintendencia de Salud que apriete más la vigilancia sobre esta empresa, que atiende a más de 11 millones de afiliados en el país. La preocupación es que garantizar que la EPS efectivamente cumpla con las obligaciones legales y que no deje desprotegido a sus usuarios en temas de salud.

El pedido no es casual. Nueva EPS está bajo intervención administrativa desde 2024 por problemas de gestión y riesgos financieros. Eso significa que las autoridades sanitarias ya están dentro de la empresa intentando arreglar lo que está dañado. Pero la Procuraduría considera que la vigilancia no es suficientemente rigurosa. En el documento que envió le solicitó a la Superintendencia información muy específica: qué se está haciendo para cerrar y aprobar los estados financieros pendientes de años anteriores, cómo se están legalizando los anticipos dados a hospitales y clínicas, y cómo está funcionando todo el procesamiento de cuentas médicas.

Para que entienda lo que está en juego: cuando una EPS no ordena bien sus finanzas o demora en pagar a proveedores y hospitales, al final quien sufre es el paciente. Los servicios se ralentizan, hay demoras en autorizaciones, los médicos y clínicas no atienden bien porque no les pagan, y el derecho fundamental a la salud se queda en el papel.

La Superintendencia tiene cinco días hábiles para responder con un informe detallado sobre todas las acciones que ha emprendido. La Procuraduría insistió en que el objetivo es evitar que la situación ponga en riesgo la vida de los afiliados y que además se proteja la estabilidad financiera de toda la industria de salud. Mientras Nueva EPS no está bien, el sistema completo tiembla.