Después de meses de advertencias sin respuesta de los directivos de Nueva EPS, la Procuraduría General decidió pasar a la acción. El organismo de control le pidió directamente a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, que activara vigilancia y controles estrictos sobre la empresa para evitar que la vida e integridad de los pacientes siga corriendo riesgo, así como para proteger el dinero que destina el sistema para la salud.

El asunto es serio y afecta a millones de colombianos. Nueva EPS tiene alrededor de 11 millones de afiliados cuya atención médica depende de que esta empresa funcione adecuadamente. Por eso la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social no se conformó con palabras, sino que pidió conocer en detalle el plan de trabajo de SuperSalud para cerrar y aprobar los estados financieros de Nueva EPS correspondientes a 2023 y 2024, que llevan meses sin ser certificados.

Pero hay más. El Ministerio Público también requiere información sobre cómo se están legalizando los anticipos que se le deben a hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores de tecnología en salud. Busca además que se regularice el procesamiento de las cuentas médicas, que ha estado rezagado, y que se complete la contabilización pendiente de muchas transacciones.

La Procuraduría también quiere auditar el giro de recursos, revisar cómo va el procesamiento y la auditoría de esas cuentas médicas, y conocer qué ha pasado con la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica que supuestamente iba a mejorar la operación de Nueva EPS.

Y para que no haya confusiones, el organismo de protección de derechos fundamentales puso un plazo claro: SuperSalud tiene cinco días hábiles para remitir el informe completo. Se acabaron las dilaciones.