Una orden de la Procuraduría General llegó este martes 2 de junio al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con un requerimiento urgente: explicar qué está haciendo para proteger a una niña indígena de apenas cuatro años que fue secuestrada y abusada sexualmente en Cali. El ente de control exigió al Icbf informar sobre las medidas que ha adoptado para restablecer los derechos de la menor y garantizar que ella y su familia reciban atención psicosocial y acompañamiento integral.

Los hechos que motivaron esta intervención ocurrieron el pasado jueves 28 de mayo en el centro de Cali, específicamente en la plazoleta de San Francisco. La familia de la niña, indígena y desplazada por la violencia, pedía ayuda en la calle cuando un hombre se acercó a la madre con una oferta que parecía benevolente: un mercado y dinero. Sin sospechar lo que vendría después, la mujer aceptó y subió con sus dos hijos a una motocicleta. El sujeto los llevó primero al barrio El Calvario, donde dejó al hijo mayor, y luego a una tienda en Aranjuez. Allí entregó dinero a la madre y le pidió que entrara a comprar, mientras él se quedaba afuera con la niña. En ese momento aprovechó para desaparecer con ella.

La desaparición fue reportada en el sector de Aranjuez y la Policía activó un operativo de búsqueda. Horas después, una llamada ciudadana a la línea 123 alertó sobre el llanto desesperado de una niña dentro de una casa en el barrio Altos de los Chorros, en la Comuna 18. Los policías entraron y encontraron al sospechoso junto a la menor, capturándolo en flagrancia. La pequeña fue trasladada de urgencia a la Clínica Valle del Lili, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El capturado, un hombre de 28 años, quedó a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de secuestro agravado y acceso carnal abusivo con menor de catorce años. Lo más preocupante es su historial: según la Policía Metropolitana de Cali, ya tenía dos registros judiciales previos por acto sexual violento, además de antecedentes por lesiones personales e injuria. Este dato refleja una falla en el sistema que permitió que una persona con este perfil siguiera circulando libremente.

La Procuraduría también exigió a la Fiscalía y los organismos de investigación que avancen rápidamente en el proceso para esclarecer los hechos y que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el crimen en sus redes sociales: "Rechazamos con absoluta contundencia el aberrante caso de abuso del que fue víctima una menor de edad indígena. Gracias a la rápida acción de la Policía, fue capturado el presunto responsable de este crimen. Ninguna niña, ningún niño, debería sufrir una atrocidad semejante. Estos hechos nos indignan, nos duelen y exigen una respuesta ejemplar".