La seguridad en La Guajira volvió a ocupar la agenda institucional cuando la Procuraduría General de la Nación asistió a una sesión de control político convocada por la Asamblea Departamental. El encuentro buscaba hacer un diagnóstico serio de lo que pasa en el territorio y lograr que todas las entidades remaran en la misma dirección frente a un problema que crece: la violencia, el tráfico de drogas y los conflictos sociales que erosionan la convivencia en varios municipios de la región.

Lo que se puso sobre la mesa fue contundente. El hacinamiento en las cárceles y estaciones de Policía sigue siendo un cuello de botella que afecta todo el sistema. Se habló de la urgencia de terminar la construcción de un nuevo centro penitenciario en Riohacha, un proyecto que lleva tiempo estancado. También quedó claro que el narcotráfico y el microtráfico no son problemas menores, sino que impactan directamente la economía local y alimentan dinámicas de violencia. A esto se suma la necesidad de mejorar la cooperación con Venezuela para enfrentar el hurto de vehículos y brindar un acompañamiento más cercano y sensible en las comunidades indígenas.

La Procuraduría, a través de su Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial, enfatizó un punto clave: las instituciones no pueden actuar por separado. Por eso convocó directamente a los alcaldes guajiros a que se involucren de verdad en los consejos de seguridad y no deleguen responsabilidades. El mensaje fue claro: "deben vincularse de manera decidida al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental, con el fin de que las medidas acordadas no se queden en reuniones, sino que se traduzcan en acciones concretas para proteger a la ciudadanía."

Desde el Ministerio Público también pidieron que estos comités de seguridad funcionen de manera periódica, no como eventos puntuales, sino como espacios reales de seguimiento donde se verifique si los compromisos asumidos se están cumpliendo. La idea es que la región logre una respuesta coordinada y sostenida contra los desafíos que la aquejan: una delincuencia organizada que no cesa, economías ilegales que proliferan, y problemas sociales profundos que generan inestabilidad.