La Procuraduría General de la Nación apretó las tuercas e hizo un llamado urgente a las Fuerzas Militares para reforzar de inmediato la seguridad de todos los candidatos a la Presidencia. La orden llegó en medio de una nueva ola de alertas sobre presuntas amenazas contra el senador y aspirante presidencial Iván Cepeda Castro, situación que ya había sido mencionada públicamente por el presidente Gustavo Petro.

El procurador Gregorio Eljach Pacheco dirigió directamente una comunicación oficial al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, para dejar clara la urgencia del asunto. En el documento, el jefe del Ministerio Público fue contundente: "Para la Procuraduría, este tipo de situaciones son motivo suficiente para reforzar de inmediato los esquemas de seguridad". Además, enfatizó que "las autoridades deben actuar con celeridad y contundencia, adoptando todas las acciones necesarias para proteger no solo a un candidato en particular, sino a todos los aspirantes a la Casa de Nariño".

Según el procurador, el asunto trasciende una candidatura específica. Señaló que "la vida de los candidatos y la defensa de la democracia son valores superiores que deben garantizarse plenamente en este proceso electoral". Con esa visión de conjunto, la Procuraduría dejó sentado que mantendrá una vigilancia estricta para verificar que las autoridades cumplan con sus obligaciones de protección, especialmente en lo referente a los actores políticos en campaña.

En las últimas 24 horas, el procurador Eljach sostuvo reuniones directas con delegados de los candidatos presidenciales y con altos mandos de los organismos de seguridad del Estado, precisamente para reiterar este mensaje de prevención y articulación institucional entre las diferentes autoridades.

Pero la Procuraduría no solo dirigió su exigencia hacia el Estado. También hizo un llamado a toda la sociedad colombiana a comprometerse activamente con la defensa del proceso democrático. Según el ente de control, la protección de los candidatos no es solo una responsabilidad estatal, sino un deber colectivo para preservar la institucionalidad del país.

Con este pronunciamiento, resurge la preocupación sobre las condiciones de seguridad en el país en el contexto electoral. Las amenazas y riesgos contra líderes políticos vuelven a ocupar un lugar central en el debate nacional, recordando la fragilidad que experimenta la democracia frente a estos hechos.