La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección sorpresiva en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara esta semana y se encontró con un panorama desolador: 290 procesos contra el presidente Gustavo Petro están congelados desde que asumió el cargo en 2022. De esos casos, quince corresponden a denuncias por supuesta participación indebida en política, las más recientes que han llegado a esa dependencia.

Cuando los delegados del Ministerio Público visitaron el Congreso con la intención de revisar el estado de estas investigaciones, lo que hallaron fue apenas un archivo de Excel con datos básicos. La presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta del Pacto Histórico, solo pudo proporcionar los números de radicado de algunos procesos sin revelar el contenido de las investigaciones. Frente a esta falta de información, quedaron comprometidos a enviar detalles adicionales por correo electrónico. El procurador Gregorio Eljach había solicitado previamente el avance de estos casos sin recibir respuesta alguna.

La aparente ineficacia llevó a la Procuraduría a tomar cartas en el asunto. Ordenó la apertura de indagación preliminar contra los congresistas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo por la demora en el trámite de las quejas contra el mandatario. La Sala de Instrucción del Ministerio Público investiga posibles conductas relacionadas con "falta de diligencia, deficiencias organizativas y eventuales prevaricatos por omisión".

Cuando le preguntaron al presidente Petro sobre estos señalamientos durante un evento público en Magdalena, respondió: "Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar, porque sino, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado".

Esta situación revive la vieja discusión sobre la capacidad real de esta comisión para sancionar a un jefe de Estado en ejercicio. Aunque puede abrir investigaciones preliminares, practicar pruebas y eventualmente formular acusaciones, históricamente los procesos se alargan durante años sin desembocar en castigos efectivos. Por eso el organismo carga con el apodo de "Comisión de Absoluciones" desde hace décadas, dado que muy pocos casos contra altos dignatarios prosperan.

Mientras la comisión parece mirar para otro lado, ocho funcionarios del Gobierno Nacional están investigados o suspendidos por participar en política, conducta prohibida. Entre ellos están los embajadores en Haití y Brasil, Vilma Velásquez y Alfredo Saade; el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo; y los ministros del Trabajo, Interior y Transporte. También fueron suspendidas dos alcaldesas por interferir en la campaña electoral.

La interferencia del presidente en asuntos políticos ha sido documentada. Tras la derrota de su candidato en la primera vuelta, escribió en su cuenta de X: "aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente", propuesto "tomar sus propias decisiones" para que ganara Iván Cepeda. Estos señalamientos públicos contrastan con el silencio de la Comisión de Acusación.