La tensión vivida en el centro de Bogotá durante la protesta de miembros de la comunidad indígena Emberá dejó un sabor particularmente amargo para las autoridades: la presencia de niños, niñas y adolescentes siendo utilizados como "escudo" en medio de los enfrentamientos. Mientras 1.200 empleados del Ministerio del Interior permanecían retenidos dentro del edificio y se registraban disturbios en los accesos, funcionarios nacionales observaron con preocupación cómo los menores quedaban expuestos al riesgo en primera línea de la protesta.

Aunque la comunidad Emberá tenía razones legítimas para manifestarse, reclamando mejores condiciones de vida en su región, las autoridades consideran que la participación de menores en estas acciones cruzó una línea roja. Por eso Gregorio Eljach, procurador general de la nación, no tardó en radicar una denuncia formal ante la Fiscalía pidiendo que se investigue con rapidez lo ocurrido y se determinen responsabilidades. Según el documento, existió una "inaceptable instrumentalización de niños, niñas y adolescentes" que quedó evidenciada durante los bloqueos y disturbios, exponiendo a los menores a riesgos graves para su integridad física.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó cómo se desarrollaron los hechos. Señaló que "se solicitó por parte del Ministerio del Interior la intervención de fuerza pública. No entraron al edificio, lo que se hizo fue generar un corredor para que se pudiera dar una evacuación segura de las personas que se encontraban retenidas. Esto se realizó con éxito". Sin embargo, fue durante esa intervención donde, según Quintero, quedó en evidencia la situación con los menores. "La intervención se hizo de manera cuidadosa porque la comunidad emberá llegó con niñas, con niños de brazos, con madres gestantes, cosas que no se deben hacer en una vía de hecho y que lamentablemente se hicieron y utilizaron estas niñas y niños como escudos de protección", relató.

La reacción no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro fue categórico en sus redes sociales: "Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad". Por su parte, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), también condenó lo sucedido sin dejar espacio para ambigüedades. "No hay ninguna excusa para lo que acá veo. Con el pueblo Emberá hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia. No hay nada que lo justifique", expresó.

Lo que también quedó registrado es que el ICBF ofreció alternativas a la comunidad. Según Cáceres, desde la institución pusieron a disposición refugio para los menores con comida, atención y actividades recreativas, precisamente para que los adultos pudieran ejercer su derecho a protestar sin poner en riesgo a los niños. Pero la ayuda fue rechazada. La directora fue enfática al señalar que desde su dependencia ya interpusieron recursos jurídicos contra los responsables y pidieron a la policía que ponga en disposición de comisarías y defensorías a los menores que fueron afectados. "No debe haber diálogo si hay utilización de los niños y niñas", concluyó de forma contundente.