Colombia enfrenta una crisis simultánea en sus sistemas de pasaportes. Por un lado, el SITAC, la plataforma que gestiona la expedición de documentos desde hace 12 años, sufre un ataque cibernético de alto nivel que tiene en alerta permanente a la Cancillería, la Policía y el Ministerio de Tecnologías. Lo grave no es solo que intenten acceder desde afuera: los técnicos detectaron la presencia de un software malintencionado que ya está dentro de la red, moviéndose en silencio. Este tipo de malware no necesariamente extrae información de inmediato, sino que explora el sistema, identifica rutas de acceso y crea puertas traseras para futuros ataques. En ese servidor reposan datos sensibilísimos: huellas dactilares, fotografías, información biográfica de millones de colombianos, más datos de apostillas, legalización de documentos e incluso expedientes de extradiciones.

Pero el segundo problema es igual o más preocupante: el nuevo modelo de pasaportes que el Gobierno impulsa está construido sobre arena movediza. La Procuraduría, en un expediente que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, plantea que el convenio 010 de 2025 con la empresa portuguesa Imprensa Nacional – Casa da Moeda viola prácticamente todo lo que existe en materia de contratación pública. "No hubo estudios de mercado, ni análisis financieros sólidos, ni evaluaciones del sector que permitieran justificar el costo o comparar alternativas", señala el expediente. El contrato, que supera los 1,3 billones de pesos, se suscribió de manera tan apurada que documentos fundamentales carecen de firmas, lo que impide establecer quién es responsable de qué.

La Cancillería justificó la contratación directa bajo el argumento de cooperación internacional, pero la Procuraduría es categórica: la empresa portuguesa no es un organismo de derecho público internacional, sino una sociedad anónima privada. Además, aunque se arguye que es un acuerdo bilateral, Portugal apenas aporta el 21 por ciento del dinero. El 79 restante proviene de recursos públicos colombianos (el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional), lo que significa que debería haber licitación pública. En la práctica, la Imprenta Nacional actúa como intermediaria que simplemente traslada todo el trabajo a la empresa extranjera, que maneja el diseño, producción, custodia y distribución.

El desastre financiero es otro capítulo aparte. El contrato fue aprobado sin autorización del CONFIS ni del CONPES, y nació desfinanciado desde el primer año. En 2026, cuando comience a operar, se proyecta un déficit de más de 375 mil millones de pesos solo para ese período, dinero que se trasladaría a 2027 en forma de déficit acumulado. El modelo solo cubre pasaportes ordinarios, dejando por fuera emergencias, pasaportes fronterizos y etiquetas de visa. Esto significa que el Estado ya tendría que hacer adiciones presupuestales.

Hay otro riesgo que quita el sueño: el contrato obliga a pagar en euros a una cuenta en Portugal, cuando la ley colombiana exige que se pague en pesos a la tasa de cambio del día. Si el euro sube, el costo se dispara sin que exista mecanismo alguno de protección. Además, incluye una garantía de más de seis millones de euros que puede activarse sin necesidad de demostrar que hubo incumplimiento, lo que amenaza directamente el erario público.

La toma de decisiones tampoco cumplió requisitos básicos. La junta directiva que aprobó el modelo convocó fuera de tiempo, no elaboró actas formales y tomó decisiones basadas únicamente en grabaciones. Sus miembros firmaron acuerdos de confidencialidad sin respaldo legal para acceder a la información. El gobierno, además, importó equipos y maquinaria desde Portugal antes de que los contratos estuvieran completamente legalizados, y luego expidió normas para intentar acomodar la ley a decisiones que ya había tomado.

José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, advierte que el SITAC, ese sistema que ahora está bajo ataque, es "estructuralmente obsoleto y altamente vulnerable". Está programado en lenguajes anticuados como Java 6 y ha sido parchado durante años sin intervención integral. "En los últimos tres años hemos enviado al menos diez alertas por año advirtiendo que el SITAC puede caerse en cualquier momento", dijo Salcedo, quien critica que "el problema fue que en la administración de Murillo se hizo una contratación a dedo con Al Desarrollo para modernizar el sistema SITAC", proceso que fracasó. El funcionario subraya que no solo el pasaporte está en riesgo, sino la cédula, registros civiles y constancias de supervivencia de colombianos en el exterior.

En el fondo, lo que está en juego es un servicio público esencial. La Procuraduría advierte que la combinación de improvisación técnica, vacíos jurídicos y riesgos financieros podría afectar directamente la expedición de pasaportes y, con ello, la libre circulación de los colombianos. El modelo, lejos de ofrecer seguridad, hoy se debate en los juzgados mientras el sistema que lo soporta colapsa bajo el peso de décadas de negligencia administrativa.