La Procuraduría General de la Nación le subió la presión al Gobierno después de analizar cómo ha marchado la intervención de Air-e. Y es que después de 19 meses bajo supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, el organismo de control encontró que no hay claridad sobre si el proceso ha funcionado o si la empresa realmente está recuperándose.

Lo que más inquieta a los procuradores es la falta de estados financieros auditados que permitan saber cuál es el estado real de la compañía. Además, notaron algo preocupante: las deudas acumuladas han aumentado durante todo este tiempo de intervención. Por eso pidieron revisar todos los contratos que superen los 500 millones de pesos para entender hacia dónde se fue el dinero.

Otro problema que señaló la Procuraduría es la inestabilidad en la dirección. Resulta que desde que comenzó la intervención, ya han pasado cinco responsables diferentes por la gerencia de Air-e. Esto, según el ente de control, perjudica la continuidad de las decisiones estratégicas y debilita el proceso completo. La entidad también cuestionó cómo se han manejado los asuntos administrativos con estos cambios constantes.

Pero quizás lo más importante es que la Procuraduría pidió una respuesta definitiva sobre qué pasará con Air-e. El Gobierno tiene que explicar si piensa mantener la intervención, si va a traer un nuevo operador o si implementará otro modelo que garantice que la gente del Caribe siga teniendo servicio de energía. Porque mientras tanto, millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y parte de La Guajira continúan sufriendo apagones y problemas en el suministro eléctrico.

Las respuestas que den las autoridades serán clave. De ellas dependerá si finalmente hay una solución real para la crisis que vive el sistema eléctrico en toda la región Caribe.