El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio enfrenta una crisis de confianza. La Procuraduría General de la Nación acaba de lanzar una advertencia seria contra el FOMAG por incumplimientos y deficiencias graves en la prestación de servicios de salud para los maestros del país. El llamado llega en el peor momento posible: justo cuando los docentes están en las calles denunciando exactamente lo que la Procuraduría ahora denuncia oficialmente.

Desde que arrancó el nuevo modelo de salud en mayo de 2024, con la idea de mejorar la atención eliminando intermediarios, las cosas no han funcionado como se prometió. Pese a varias mesas de seguimiento técnico, los problemas estructurales persisten. Los maestros se quejan de lo cotidiano: medicamentos que no llegan, citas médicas que se demoran indefinidamente, dificultades para transportar pacientes y una atención que simplemente no es oportuna.

Pero lo más preocupante para la Procuraduría va más allá de las molestias operativas. El organismo de control encontró que el FOMAG está funcionando con contratos desactualizados, usando mecanismos provisionales llamados actas de continuidad. Eso suena técnico, pero en la práctica significa que el sistema está operando en una zona gris administrativa que genera riesgos jurídicos, financieros y hasta administrativos. A todo esto se suma un problema serio en la contratación de la red de prestadores de salud, lo que genera incertidumbre en la atención de los maestros y sus familias.

Ante el panorama, la Procuraduría fue contundente. Le exigió al FOMAG y a la Fiduprevisora (la entidad que administra los recursos) que entreguen información detallada sobre el manejo financiero del sistema y los contratos de servicios de salud entre 2024 y 2026. No es un pedido de cortesía: es un requerimiento formal de un ente de control que está documentando una situación que se sale de madre.

Lo que queda claro es que el sistema de salud del magisterio sigue en crisis y bajo vigilancia. Ahora el FOMAG está en la cuerda floja. Tiene que corregir las fallas y responder a los requerimientos de la Procuraduría en un momento donde los maestros no está dispuestos a esperar más, y la presión social y política crece cada día.