La muerte de Kevin Arley Acosta Picó, un niño de apenas siete años con hemofilia tipo A severa, fue responsabilidad directa de la Nueva EPS por negligencia en su atención. Así lo determinó la Procuraduría General de la Nación después de investigar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor el pasado 13 de febrero. El informe del Ministerio Público es claro: Kevin murió porque no recibió oportunamente el Emicizumab, el medicamento que necesitaba para controlar su enfermedad.

Lo que pasó con Kevin ilustra el caos en el que cayó su atención médica. Estuvo aproximadamente dos meses sin recibir el tratamiento que requería, tiempo en el cual su salud se deterioró hasta llegar a un estado crítico. La razón de fondo fue que la IPS Medicarte suspendió la entrega del fármaco porque la Nueva EPS no le había pagado, mientras que la otra institución prestadora, Integral, tampoco podía asumir la atención por falta de recursos. El golpe final vino cuando Kevin quedó sin IPS asignada en el momento de su muerte, lo que cortó toda posibilidad de continuidad en su tratamiento.

La gravedad de la situación va más allá de este caso. La Procuraduría alertó que al menos 2.000 pacientes adscritos a estas instituciones podrían estar en riesgo por no tener garantizada la atención médica que necesitan. Ante esto, la entidad de control decidió enviar copias del caso a la Fiscalía General para que investigue posibles responsabilidades penales, y abrió una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.

El caso de Kevin ha conmovido al país y ha reabierto una conversación necesaria sobre cómo están siendo atendidos los pacientes con hemofilia en Colombia, una enfermedad que exige tratamiento continuo para prevenir complicaciones graves que, como en este caso, pueden llegar a ser fatales.