La Procuraduría General de la Nación salió a condenar públicamente los accidentes recientes causados por minas antipersonal en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, incluyendo un caso reportado en Tibú. La institución no se quedó corta en sus calificaciones: describió el uso de estos artefactos como "una violación sistemática de los Derechos Humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario".

Lo que preocupa de verdad a los procuradores es que estas dos zonas del país se han convertido en las más afectadas. Según los datos del primer trimestre de 2026, el Bajo Cauca y el Catatumbo concentran la mayor cantidad de víctimas por minas antipersonal en toda Colombia. La Procuraduría subraya que esto no es casualidad: se trata de una táctica deliberada de grupos armados que buscan controlar territorios mediante el terror, confinar a la población y poner en riesgo tanto a civiles como a miembros de la Fuerza Pública. Todo esto, además, obstaculiza los avances del Acuerdo de Paz.

Ante esta situación crítica, el ente de control hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que recupere el control efectivo de estas regiones. No se quedó ahí: también exigió al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal que, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, active inmediatamente programas educativos sobre los riesgos de los artefactos explosivos y garantice una atención completa a las víctimas, desde la evacuación en emergencia hasta la rehabilitación.

La Procuraduría dejó claro que mantendrá vigilancia permanente sobre las autoridades responsables de la política contra minas antipersonal, con el propósito de asegurar una respuesta estatal oportuna y evitar que estos hechos se repitan.