En San José del Guaviare, una hoja de vida se convirtió en el centro de un proceso disciplinario que cuestiona cómo se selecciona a los funcionarios para cargos cruciales en entidades de servicios básicos. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos el viernes pasado contra Luis Orlando Castro Acosta, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare, conocida como Empoaguas. El nombramiento, que se concretó en enero de 2024, ahora enfrenta escrutinio por cuestiones de idoneidad y no por recursos desviados u obras inconclusas, como suele ocurrir en estos casos.

Lo que la Procuraduría encontró al revisar el expediente fue que Castro presentaba especializaciones en gestión de agronegocios y derecho del medio ambiente como respaldo académico. Sin embargo, el manual de funciones de Empoaguas era claro: quien dirigiera la empresa debía tener formación profesional en ingeniería ambiental, sanitaria, civil, industrial o química, o contar con estudios de posgrado directamente relacionados con esas disciplinas. Para el ente de control, aunque los títulos de Castro tocaban temas ambientales, no encajaban en el perfil técnico exigido para operar servicios de agua y saneamiento.

El segundo problema surgió cuando se analizó la experiencia profesional. Castro reportaba más de dos años como director técnico de Asoproagro, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020. Ese tiempo era fundamental para alcanzar el mínimo requerido. Pero cuando la Procuraduría contrastó la información, encontró que su rol estaba vinculado a un convenio entre el Instituto Sinchi y la asociación cuya duración fue de septiembre de 2018 a septiembre de 2019. En otras palabras, apenas un año de experiencia en esa posición, no los dos que reportó.

La investigación también puso el foco en Miguel Arroyo Arroyo, entonces secretario Administrativo y de Desarrollo Social del municipio. Según el ente de control, Arroyo tenía la responsabilidad de revisar los documentos antes de la posesión del nuevo gerente, pero aparentemente no advirtió o no detuvo las inconsistencias que hoy están bajo cuestionamiento. Para la Procuraduría, su rol no fue accesorio sino determinante en que Castro accediera al cargo sin cumplir los requisitos.

La indagación previa se abrió en junio de 2025. Dos meses después, en agosto, la Procuraduría escaló hacia investigación formal, recopilando certificaciones y contrastando documentos. Ese material permitió al despacho concluir que había mérito suficiente para formular cargos. El problema de fondo, según la hipótesis disciplinaria, no es solo que el gerente pudiera no cumplir con el perfil exigido, sino que aun así accedió al cargo y fue posesionado.

Ahora queda abierta una pregunta incómoda: lo que pasó fue resultado de una revisión deficiente de los documentos, o de una presentación ajustada estratégicamente para cumplir requisitos formales. Lo cierto es que el caso expone cómo se revisan, o no se revisan, los perfiles de los aspirantes antes de ocupar cargos clave en entidades que prestan servicios esenciales a las comunidades.