Un revés en el proceso disciplinario rodea el polémico evento que sacudió a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hace algunos meses. La Procuraduría Regional de Antioquia decidió anular la suspensión que se había impuesto a 11 guardias del Inpec, quienes eran investigados por participar en la parranda vallenata que se realizó el 8 de abril dentro del penal. La razón: encontraron que el proceso inicial estaba lleno de irregularidades.

Según el documento de la Procuraduría, los hechos que motivaron la sanción no estaban claramente delimitados, lo que vició todo el procedimiento. Por eso decidieron declarar la nulidad de la actuación. "Se decreta nulidad procesal a partir, inclusive, del auto que ordenó apertura de investigación disciplinaria y se ordena rehacer la actuación procesal", dice el comunicado del ente de control. Ahora el caso regresa a una etapa de indagación previa, lo que significa que todo debe empezar de nuevo desde el principio.

Mientras tanto, el gobierno sigue en su propia evaluación del tema. El presidente Gustavo Petro había manifestado en consejo de ministros que los cabecillas involucrados en estos hechos serían trasladados de prisión. Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, explicó que ya se tomaron medidas iniciales: se removió al comandante de guardia que estaba a cargo ese día y se iniciaron procesos disciplinarios contra algunos dragoneantes (como se conoce a los guardias de seguridad).

Sin embargo, el tema del traslado presenta una complicación que el ministro detalló. "El presidente dio una directriz en el consejo de ministros de trasladar a las personas que participaron en la fiesta, y esa ya es otra complejidad: no todos participaron. La fiesta fue en el patio uno. Entonces, estamos tratando de identificar cuáles sí y cuáles no", señaló Cuervo. Esto muestra que aunque hay voluntad de actuar, identificar a cada uno de los implicados no es una tarea sencilla.

El evento generó indignación porque ocurrió dentro de un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, lo que cuestionó la disciplina y el control dentro de la institución. Ahora, con la anulación del proceso inicial, los investigadores tendrán que volver a recopilar pruebas y seguir el camino correcto para sancionar a los responsables.