Un golpe judicial recibió en estos días el proceso disciplinario contra los guardias penitenciarios involucrados en la polémica parranda de Itagüí. La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia revocó la suspensión provisional de 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que habían sido apartados de sus cargos apenas días después de que saliera a la luz la fiesta musical realizada en el penal el 8 de abril de 2026.

La decisión, dada a conocer el pasado 16 de abril, se fundamenta en un argumento que toca el corazón del derecho: las garantías del debido proceso fueron vulneradas desde el inicio. Según la Procuraduría, el problema fue que cuando el Inpec abrió la investigación disciplinaria el 9 de abril, simplemente acusó de manera general a todos los involucrados sin detallar qué acción específica habría cometido cada funcionario. Esto es grave porque impide que los investigados puedan defenderse adecuadamente o, incluso, aprovechar beneficios legales como confesión de cargos.

El caso había generado indignación nacional después de que la concejal Claudia Carrasquilla de Medellín revelara los detalles de lo que pasó en el penal. Se trataba de una fiesta con presupuesto de 500 millones de pesos, que incluyó la presentación del cantante Nelson Velásquez por unos 100 millones, además de alcohol y comidas. Todo esto dentro de una cárcel.

Lo inusual fue la velocidad con la que el Inpec actuó. Comenzó indagación el 9 de abril, abrió investigación disciplinaria el mismo día y suspendió a los guardias apenas al día siguiente. Aunque pareciera que estaban siendo duros, la Procuraduría vio en esa celeridad un riesgo: se saltaron requisitos legales básicos. De acuerdo con las normas, toda investigación debe contener una relación clara y precisa de los hechos, no simples generalizaciones.

Ahora el caso vuelve atrás, pero no desaparece. Los 11 funcionarios continuarán bajo investigación, pero esta vez el proceso deberá reestructurarse de manera que se especifique exactamente qué se les imputa a cada uno. Las pruebas que ya se recaudaron mantienen su validez, así que el expediente no se pierde. Lo que se busca es hacer un proceso más sólido y respetuoso de los derechos fundamentales, especialmente en un caso que tanto ha movilizado a la opinión pública.