La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas esta semana sobre un problema que afecta directamente a miles de menores de edad en Colombia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene retrasos significativos en sus procesos administrativos de restablecimiento de derechos, lo que mantiene a niños, niñas y adolescentes atrapados en el sistema de protección sin poder regresar a sus hogares de origen ni acceder a la adopción, que es su derecho fundamental a tener una familia.

Después de recopilar información durante 2025, los auditores encontraron debilidades institucionales profundas. Hay demoras en las decisiones legales, falta de personal en los equipos de defensorías de familia, y problemas en la atención inicial de menores en hogares de paso y centros de emergencia. Lo más grave es que algunos casos ni siquiera son trasladados a los juzgados competentes, prolongando la incertidumbre de estos menores de edad. Según la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, el problema se concentra principalmente en tres regiones: Bogotá D.C. con 7.963 casos pendientes, Valle del Cauca con 4.594 y Antioquia con 1.401, donde esperar la definición de su situación jurídica se ha convertido en una pesadilla para miles de menores.

Los números del Icbf muestran la magnitud del problema. Entre enero y septiembre de 2025, la entidad abrió 15.853 procesos por violencia sexual contra menores, siendo las niñas las más afectadas con el 85 por ciento de los casos. Teniendo en cuenta esto y otros hallazgos anteriores, en Medellín la Procuraduría documentó casos desgarradores: niños y adolescentes que llevaban dos, tres y hasta cuatro años bajo medidas de protección sin que se resolviera su situación legal ni se concretara su derecho a vivir en familia.

El ente de control no se quedó solo en la crítica. Puso en marcha un plan de intervención nacional que ordena a las regionales del Icbf resolver inmediatamente los casos pendientes, actualizar el sistema de información misional y trasladar los expedientes a los juzgados cuando corresponda. Además, advirtió sobre posibles sanciones disciplinarias contra los funcionarios que incumplan. La ley es clara: desde 2018 existe un término máximo de seis meses para que la autoridad defina la situación de un menor, y luego un máximo de dieciocho meses para resolver todo el proceso administrativo. Incumplir esto es considerado una falta gravísima.

Mientras tanto, hay familias esperando. Hasta septiembre de 2025 se han concretado 692 adopciones en el año, pero hay 450 familias (198 nacionales y 252 internacionales) listas para darle hogar a un menor. De esas familias, 441 están dispuestas a recibir a niños con necesidades especiales. Desde 2006, se han adoptado 32.448 menores, pero la brecha entre los que esperan una familia y los que están atrapados en procesos administrativos sigue siendo abrumadora.