La Procuraduría metió las manos en la mesa poco antes de que Guaviare llegue a las urnas para elegir los curules de paz. Con apenas dos semanas de anticipación a la jornada electoral del 8 de marzo, la entidad envió al Consejo Nacional Electoral dos reportes que ponen sobre la mesa dudas concretas: un censo electoral que habría crecido de forma sospechosa y zonas donde votar con tranquilidad podría no ser posible.

El primer problema apunta directo a números que no cierran. La Procuraduría encontró que en puestos de votación rural de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar están pasando cosas raras con las inscripciones de votantes. El ejemplo más llamativo es el de la Institución Educativa Agua Bonita SD Bocas Santo Domingo en San José del Guaviare, donde habría saltado nada menos que 2.375 inscritos nuevos comparado con lo que había en 2023. Para que la cifra suene más fuerte, un tribunal que conoce una tutela sobre el tema reportó que en ese mismo puesto el censo pasó de 170 votantes en 2022 a 2.789 en 2026. Son los tipos de cambios que en una elección de curules de paz no son menores, porque aquí todo se juega en los detalles.

Y es que en estas elecciones especiales las cosas funcionan diferente. La votación solo se puede hacer en puestos rurales, sin opciones en las cabeceras municipales. Por eso quién está inscrito y dónde queda inscrito lo define casi todo. Un censo manipulado puede cambiar completamente quiénes tienen capacidad real de votar y dónde.

Pero la preocupación de la Procuraduría no es solo por números sospechosos. También alertó sobre la vereda La Paz, en El Retorno, donde advirtió que las condiciones de seguridad estarían en riesgo. En otras palabras, que aunque alguien llegue inscrito a un puesto de votación, no está claro que pueda hacerlo sin presiones o amenazas. Eso es lo que en periodismo electoral se llama la libertad del sufragio: el derecho de cada persona a votar sin miedo.

Para tratar de arreglarlo, la Procuraduría ya está buscando intermediarios poderosos. Menciona en su comunicado compromisos con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, con Naciones Unidas y con la Defensoría del Pueblo para intentar garantizar que haya mínimas condiciones de seguridad el día de la votación.

Ahora el balón está en cancha del Consejo Nacional Electoral. Debe revisar la información que le mandó la Procuraduría y tomar decisiones sobre esas inscripciones cuestionadas. Tiene poco más de dos semanas para hacerlo.

Lo que pasó en Guaviare pone al desnudo una verdad incómoda sobre las curules de paz: el debate de fondo no es solo de discursos bonitos sobre incluir a comunidades históricamente marginadas. También es sobre si el censo es confiable y si la gente realmente puede llegar a votar sin temor.