La Procuraduría levantó la voz frente a lo que considera una crisis humanitaria en dos de las regiones más golpeadas del país por el uso de minas antipersonal. El Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, incluyendo municipios como Tibú en Norte de Santander, se han convertido en escenarios donde estos artefactos siguen causando daños irreparables a la población civil.

A través de un comunicado, el Ministerio Público fue categórico en su rechazo. "El Ente de Control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las minas antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados", expresó la entidad. El punto es claro: estos explosivos violan normas internacionales precisamente porque no distinguen entre combatientes y civiles, afectando a quien sea que cruce un territorio minado.

Lo preocupante es el patrón. Según cifras del primer trimestre de 2026, el Bajo Cauca y el Catatumbo concentran más víctimas por minas que cualquier otra región del país. Para la Procuraduría, esto no es casualidad sino estrategia. "Una táctica criminal de control territorial que impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la Fuerza Pública", señaló el organismo. Los grupos armados ilegales están usando estas armas para dominar territorios, manteniendo a la gente confinada en sus casas, sin poder moverse libremente.

La situación ha llevado a la Procuraduría a hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional. Pide reforzar la presencia institucional en estas zonas y recuperar el control territorial. Además, solicitó al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, junto con alcaldías y gobernaciones, implementar "de inmediato actividades de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos" y garantizar atención integral para las víctimas.

La entidad mantendrá vigilancia sobre cómo las autoridades ejecutan la política de acción contra minas, buscando asegurar "una respuesta estatal oportuna, la protección de la población y las garantías de no repetición" de estos hechos que vulneran sistemáticamente los derechos humanos en estas regiones.