La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado de atención al FOMAG después de que las deficiencias en el sistema de salud para maestros oficiales llegaran a niveles críticos. Las quejas han originado protestas y marchas contra las directivas del Fondo de Prestaciones del Magisterio, obligando a las autoridades de control a intervenir de manera formal en el asunto.

Después de varios meses de seguimiento a la implementación del nuevo modelo de salud que comenzó a funcionar en mayo del 2024, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social detectaron problemas graves en la forma como se está operando el sistema. El principal hallazgo fue que la red de prestadores de servicios no tiene contratos formales actualizados, sino que el FOMAG está funcionando mediante actas de continuidad o documentos precontractuales que representan riesgos jurídicos, administrativos y hasta económicos para toda la estructura.

La situación se agudiza cada día. Los maestros reportan dificultades constantes para conseguir medicamentos, tramitar citas médicas, acceder a transporte para atenderse y recibir servicios de manera oportuna. El incremento de peticiones, quejas y reclamos que llegan a la entidad refleja una desorganización creciente en un sistema que debería garantizar cobertura básica a quienes dedicaron su vida a la educación.

Frente a este panorama, la Procuraduría hizo nuevos requerimientos no solo a los directivos del FOMAG sino también a la Fiduprevisora, entidad que maneja los recursos. Les pidió que entreguen soportes financieros completos y un informe detallado sobre cómo se ha contratado la red de prestadores de servicios de salud para los años 2024 a 2026. El mensaje está claro: hay que poner orden ya.