La Procuraduría General de la Nación abrió fuego contra el secretario de Tránsito de Agustín Codazzi. El funcionario, José Carlo Torregoza Oñate, enfrenta un pliego de cargos por no cumplir con su obligación de responder a los ciudadanos que le hicieron solicitudes formales.

El problema es serio. Según la Procuraduría Provincial de Valledupar, aproximadamente siete personas radicaron derechos de petición ante esa dependencia para conseguir información sobre la imposición de comparendos de tránsito. Pero la respuesta nunca llegó. El silencio administrativo obligó a esos ciudadanos a tener que meterse en lío mayor: presentar acciones de tutela para que un juez les garantizara lo que por ley les corresponde.

Esto no es un detalle menor. Los derechos de petición y el debido proceso son cimientos de cualquier administración que se precie de funcionar correctamente. Por eso la Procuraduría no lo pasó por alto. El ente de control clasificó provisionalmente la conducta del funcionario como una falta grave, cometida bajo la modalidad de culpa gravísima, que es la más grave en la escala disciplinaria.

El proceso continuará ahora con sus trámites regulares. Torregoza Oñate tendrá la oportunidad de presentar su defensa y las pruebas que considere necesarias ante la Procuraduría. Esta investigación se suma a los esfuerzos del Ministerio Público por vigilar que los servidores públicos cumplan sus deberes y que los derechos de los ciudadanos no se queden en el papel.