La Procuraduría General de la Nación apuntó el dedo contra la exsecretaria general de la Superintendencia de Transporte. Estefanía Pisciotti Blanco enfrenta cargos por haber contratado a Fahid Name Gómez, quien presuntamente no podía hacer trabajos con esa entidad porque estaba casado con una funcionaria de nivel directivo.

Los contratos que generaron el problema fueron suscritos en 2021 y 2022. Gómez fue contratado para asesorar al organismo en asuntos de derecho de petición y para revisar normas del sector de tránsito, transporte e infraestructura. Nada grave en apariencia, salvo por un detalle: según la Procuraduría, existía una inhabilidad que debería haber impedido que este contratista trabajara con la Superintendencia.

Para el Ministerio Público, Pisciotti Blanco incurrió en una falta disciplinaria grave al intervenir directamente en la celebración de estos contratos. La acusación sostiene que ella sabía, o al menos debería haber sabido, que sobre el contratista recaía una inhabilitación por su vínculo matrimonial con una servidora del nivel directivo de la entidad.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal catalogó la conducta como gravísima a título de culpa gravísima. Esto significa que los investigadores consideran que la exfuncionaria actuó con negligencia importante al permitir que estos contratos se celebraran en tales condiciones.