Alfredo Saade, quien hoy se desempeña como embajador de Colombia en Brasil, tenía ya sus manos en los contratos públicos mucho antes de asumir ese cargo en el gobierno de Gustavo Petro. Uno de esos compromisos fue con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, una entidad que lleva tiempo bajo la lupa por sus decisiones administrativas. Lo que pasó desapercibido durante un tiempo acaba de salir a la luz: la Procuraduría General de la Nación acusó formalmente a dos exfuncionarios de esa entidad por lo que considera fueron irregularidades graves en el proceso para vincularlo.

Los acusados son Víctor Andrés Meza, quien fue exsubdirector general, y Ana María Castaño, exsecretaria general de la UNGRD. De acuerdo con el ente de control, ambos habrían dejado pasar por alto los controles y verificaciones necesarios al momento de autorizar el contrato de Saade como apoyo jurídico. El acuerdo, firmado en 2023, significó un desembolso cercano a los 257 millones de pesos, lo que quiere decir más de 20 millones mensuales para Saade.

El quid del asunto está en cómo se certificaron los requisitos. La Procuraduría señala que Castaño avaló que Saade tenía la experiencia exigida basándose únicamente en una declaración juramentada donde él mismo aseguraba haber trabajado en la Fundación Levantemos los Muros Caídos. El problema: no había pruebas reales que respaldaran esas funciones. Sin verificación concreta, sin documentos que demostraran el trabajo, simplemente se aceptó lo que Saade decía de sí mismo.

La cosa se destapó cuando Daniel Briceño, representante electo, presentó una denuncia en 2024 cuestionando los informes que Saade había entregado para justificar lo que le habían pagado. Briceño fue directo: "Cada documento adjuntado por el señor Saade evidencia que los colombianos en realidad le estábamos pagando por escribir sandeces en redes sociales y no por hacer su trabajo", dijo al revisar los reportes que presentó.

Ahora la Procuraduría revisa cada papel, cada certificación, cada documento que formó parte del expediente contractual. El objetivo es claro: determinar si realmente se cumplieron los requisitos legales para que Saade fuera vinculado y si hubo fallas en los controles internos que dejaron que el contrato se firmara y ejecutara. El proceso disciplinario apenas está en marcha, y la decisión final dependerá de las pruebas que logre reunir el ministerio público sobre la legalidad y transparencia de todo lo que sucedió.