Después de cuatro años de investigación, la Procuraduría General de la Nación decidió formalizar acusaciones contra Daniel Quintero Calle por irregularidades en la recolección de recursos que realizó durante su paso por la Alcaldía de Medellín. Todo apunta a hechos ocurridos en 2022, cuando el entonces mandatario se encontraba suspendido temporalmente del cargo por decisión del mismo ente de control.

La cuestión central del caso gira en torno a una iniciativa de recaudación que Quintero promovió a través de la plataforma digital Vaki. Con el argumento de financiar su defensa jurídica mientras enfrentaba la suspensión, el exalcalde pidió directamente a los ciudadanos que hicieran donaciones. Lo inusual fue que estas solicitudes las realizó desde sus redes sociales mientras continuaba ejerciendo funciones como mandatario de la ciudad.

"En 2022, Daniel Quintero, una vez fue suspendido de la Alcaldía de Medellín por la Procuraduría, lanzó una vaca, empezó a recoger recursos a través de una aplicación que se llama Vaki, supuestamente para su defensa jurídica. Lo que termina pasando es que él mismo, como alcalde en ejercicio, a través de sus redes sociales, le pidió a los ciudadanos que donaran", explicó David Toledo, activista político que estuvo atento a estos hechos.

Según los denunciantes, esta práctica violaría el artículo 39 de la ley 1952 de 2019, que expresamente prohíbe que servidores públicos realicen este tipo de colectas. Los números de la recaudación son considerables: se señala que Quintero logró reunir más de 150 millones de pesos a través de esta iniciativa, dinero que aparentemente provino de ciudadanos que respondieron a sus llamados públicos.

Toledo agregó que presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría en ese entonces, pero pasaron años antes de que el ente decidiera actuar. "Yo no había visto un caso tan claro para que se decreta la muerte política de Daniel Quintero, la ley y lo prohíbe expresamente y él a través de sus redes sociales nos dio la prueba reina, recogió 157 millones de pesos a través de esta iniciativa", aseguró el activista.

Con la formulación de cargos, el proceso avanza hacia la etapa de juzgamiento disciplinario, donde se evaluará si efectivamente hubo vulneración del régimen normativo para servidores públicos. La Procuraduría concluyó que existían méritos suficientes para continuar con la actuación administrativa en contra del exalcalde.