La Procuraduría General de la Nación avanzó en su investigación sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en Santa Fe de Antioquia y formuló pliego de cargos contra el exalcalde Andrés Felipe Pardo Serna. También fueron vinculados a este proceso dos exfuncionarios de su administración: Félix Antonio Giraldo, quien fue secretario de Servicios Administrativos, y Jorge Mario Sánchez Palacio, exsecretario de Salud y Protección Social. Los tres enfrentan acusaciones por presuntas irregularidades que ocasionaron un retraso significativo en la puesta en marcha del programa durante 2022.

El Programa de Alimentación Escolar es una estrategia que proporciona complementos nutricionales a estudiantes de instituciones educativas oficiales con el propósito de garantizar su permanencia en las aulas y mejorar sus condiciones de salud. En Santa Fe de Antioquia, sin embargo, el servicio no comenzó cuando lo hizo el calendario académico. Mientras las clases iniciaron en enero, la entrega de alimentos a los estudiantes solo empezó hacia finales de abril. Esto significó que durante varios meses, miles de niños y adolescentes del municipio no recibieron este beneficio fundamental en su jornada escolar.

De acuerdo con los hallazgos de la Procuraduría Provincial, el retraso estuvo relacionado con presuntas deficiencias en la planeación de los procesos contractuales necesarios para activar el programa. Según el organismo de control, la administración municipal habría condicionado el inicio del servicio a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, la investigación encontró que el municipio disponía de recursos propios que pudieron haber garantizado la continuidad del programa mientras se gestionaban los aportes departamentales. Para la Procuraduría, esta situación afectó directamente el acceso oportuno de los estudiantes al beneficio alimentario durante los primeros meses del año escolar.

Los cargos formulados han sido clasificados provisionalmente como una presunta falta disciplinaria grave. No obstante, el proceso se encuentra en una etapa donde los exfuncionarios imputados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos, solicitar y aportar pruebas, así como exponer los argumentos que consideren necesarios. Solo después de escuchar su defensa, la Procuraduría adoptará una decisión final sobre sus responsabilidades.

El organismo de control ha enfatizado que el Programa de Alimentación Escolar es una herramienta esencial para mantener a los estudiantes en el sistema educativo y contribuir a su desarrollo. Por eso reiteró la importancia de que las administraciones municipales ejecuten oportunamente los trámites administrativos y contractuales para que el programa funcione desde el primer día del calendario escolar, evitando interrupciones que causen daño a la población estudiantil.