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Procuraduría abre investigación por irregularidades en proyecto de 900 viviendas en Cesar y La Guajira

Fuente: El País Vallenato

La Procuraduría General de la Nación investiga disciplinariamente a dos exfuncionarios por presuntas irregularidades en un proyecto habitacional que debería entregar 900 viviendas de interés prioritario en Cesar y La Guajira. Los investigados fueron gerentes del contrato interventor de ENTerritorio y enfrentan señalamientos por incumplimientos contractuales, retrasos en obras y debilidades en supervisión. El Ministerio Público buscará determinar responsabilidades por los atrasos que han afectado la entrega de casas a familias beneficiarias.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra dos exfuncionarios acusados de irregularidades en la ejecución de un proyecto de vivienda que contempla construir 900 casas de interés prioritario en los departamentos de Cesar y La Guajira. Los investigados son Jaime Alberto Pardo Parra y Víctor Hugo Macea Buelvas, quienes se desempeñaron como gerentes del contrato interventor de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, conocida como ENTerritorio.

Según el organismo de control, hay indicios de posibles fallas en la manera en que se ejecutaron y supervisaron cinco contratos de obra del proyecto. Entre las situaciones que serán verificadas están los presuntos incumplimientos contractuales, los atrasos en el desarrollo de las construcciones, las debilidades en las labores de supervisión e interventoría, y las ampliaciones de plazo que no habrían estado acompañadas de medidas sancionatorias efectivas para garantizar el cumplimiento.

La Procuraduría también analizará si hubo deficiencias en las acciones que se tomaron para mantener la continuidad de los trabajos dentro de los tiempos establecidos. Esto es importante porque esos retrasos habría impactado directamente en la entrega oportuna de las viviendas a las familias beneficiarias que están esperando sus casas.

Durante el proceso disciplinario, el Ministerio Público evaluará qué tanto se cumplieron los contratos y por qué razones el proyecto aún sigue en ejecución, a pesar de que las obras debían avanzar conforme a los cronogramas que se planearon inicialmente. El objetivo final es establecer si existieron omisiones o actuaciones contrarias a los deberes funcionales de los responsables de la interventoría y determinar las responsabilidades disciplinarias que correspondan por los retrasos registrados.

Fuente original: El País Vallenato

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