La lista de funcionarios públicos bajo investigación por participación política sigue creciendo. Esta semana la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá, tras acusaciones de haber interferido indebidamente en la campaña presidencial de 2026.

Según el Ministerio Público, Amaya habría aprovechado su posición en la Gobernación para influir en la contienda. Las denuncias señalan que utilizó recursos públicos, actividades oficiales y hasta los canales de comunicación del ente territorial para intervenir en el proceso electoral. Con la apertura formal de la investigación, la Procuraduría ya notificó al mandatario departamental y ordenó recopilar pruebas que permitan establecer si cometió faltas disciplinarias. También pidió revisar los antecedentes disciplinarios de Amaya y verificar si hay otros procesos relacionados con los mismos hechos.

La investigación comenzó por una queja de la Red de Veedurías Ciudadanas, que alertó sobre la interferencia del gobernador. Pablo Bustos, integrante de esa organización de vigilancia ciudadana, celebró la decisión y afirmó que "Se trata de un hecho sin precedentes para la depuración del certamen electoral en Boyacá, donde se recogerán abundantes evidencias que darían cuenta de esa presunta falta disciplinaria gravísima, que podría dar con la destitución o, cuando menos, con la suspensión del gobernador Carlos Amaya".

El caso de Amaya se suma a una ola más amplia de investigaciones contra funcionarios públicos. La misma semana, la Procuraduría anunció investigaciones contra siete embajadores y representantes diplomáticos designados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos están Luis Ernesto Vargas Silva (embajador ante la OEA), Milton Rengifo Hernández (en Venezuela), José Roberto Acosta Ramos (en Argentina), Luis Fernando Medina (ante la OCDE), Jhenifer Mojica (ante la FAO), Daniel Prado Albarracín (en Bélgica) y Elizabeth García Carrillo (en Bolivia). La Procuraduría señaló que procede "a ordenar la apertura de investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política".

A estos siete diplomáticos se suman otros ocho funcionarios del Gobierno ya investigados o suspendidos por participar en política. La lista incluye a Vilma Velásquez, embajadora en Haití; Alfredo Saade, embajador en Brasil; Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; y los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Armando Benedetti (Interior) y María Fernanda Rojas (Transporte). En total, más de una decena de servidores públicos enfrentan investigaciones por los mismos hechos en medio de la campaña presidencial.