La intervención de Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país, quedó en manos de la Procuraduría General de la Nación. El órgano de control abrió una investigación disciplinaria contra Luz María Múnera Medina, quien ejerció como superintendente de Salud ad hoc, y contra Jorge Iván Ospina, el agente interventor designado para la entidad. Ambos son señalados de haber cometido irregularidades en el proceso que llevó a que el Estado tomara control de Nueva EPS y posteriormente prorrogara esa medida.

La decisión de abrir la investigación se tomó el 30 de abril de 2026 después de que la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud presentara una queja formal. Todo apunta a actuaciones que ocurrieron a partir del 10 de abril, cuando se oficializó la intervención forzosa de Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de colombianos.

Lo que más preocupa a los investigadores es cómo se decidió extender la intervención por un año adicional en 2025. Según los documentos que revisó la Procuraduría, esa prórroga se habría aprobado sin cumplir con los procedimientos que la ley exige. Los investigadores encontraron que faltó un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, no se pidieron los conceptos especializados necesarios y se omitió información clave en la decisión. Además, hay inconsistencias en lo que reportó Múnera, especialmente en temas relacionados con el debido proceso.

En el caso específico de Ospina, la queja señala que él no reunía los requisitos para ocupar el cargo de interventor. Los documentos muestran que Ospina Gómez no acreditaba los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años adicionales que se exigían. Aunque es médico cirujano, eso no era suficiente para las responsabilidades del puesto. Además, en las verificaciones de antecedentes recibió una clasificación de riesgo alto con una puntuación de 32 puntos.

Hay un detalle particular que llama la atención: Nueva EPS había estado dos años bajo control del Gobierno Nacional, pero durante ese tiempo la deuda de la entidad creció más del 24%, contrario a lo que se esperaba cuando se justificó la intervención. También está en revisión la afirmación de que Nueva EPS incumplió recomendaciones que, según la queja, nunca le habían sido formuladas formalmente a la entidad.

La Procuraduría continúa en la etapa de indagación para determinar si hubo faltas disciplinarias y quién es responsable de cada una. Hasta el momento, Luz María Múnera no ha respondido a los intentos de comunicación para conocer su versión de los hechos.