La muerte de once menores de edad en un enfrentamiento armado en Guaviare encendió las alarmas en el país. El procurador general Gregorio Eljach salió a condenar lo sucedido y puso el dedo en la llaga: estos niños están siendo utilizados por grupos criminales como carne de cañón en disputas por territorio y dinero del narcotráfico.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo en la vereda Barranco Colorado, en zona rural de San José del Guaviare. Allí se enfrentaron dos facciones disidentes de las antiguas Farc que alguna vez fueron aliadas. De un lado está "Iván Mordisco", nombre detrás del cual se esconde Néstor Gregorio Vera, considerado el hombre más buscado del país y comandante del Estado Mayor Central. Del otro está "Calarcá", que responde a Alexander Díaz Mendoza, quien rompió con esa estructura en 2024 y ahora lidera el Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La tragedia dejó 48 muertos en total. Medicina Legal logró identificar a 43 de ellos: 39 hombres, nueve mujeres y esos once menores de edad. Se trata de ocho niños y tres niñas cuyos nombres fueron reservados para proteger sus derechos. La cifra es desgarradora porque varios de esos menores fueron reclutados a la fuerza, según advirtió el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien advirtió que los hechos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Lo más grave es que este no es un caso aislado. En 2025, la Defensoría del Pueblo registró 386 casos de reclutamiento de menores en Colombia, de los cuales el 42 por ciento fueron atribuidos a las disidencias de "Mordisco". Más de la mitad de esas víctimas eran niños y niñas de comunidades indígenas. Según reportes locales, estos grupos están llevando jóvenes reclutados en el Cauca y otras zonas del suroccidente hasta Guaviare para engrosar sus filas en la disputa por un territorio estratégico.

Por eso el procurador no tuvo medias tintas. "Las niñas, niños y adolescentes no les pertenecen a la guerra", afirmó Eljach en su comunicado. Pidió con dureza que se persiga a los responsables y que sean sometidos a la justicia con la mayor severidad, calificando lo ocurrido como una grave violación del Derecho Internacional Humanitario que no admite amnistía.

Pero el problema tiene otro lado igualmente preocupante: el Estado está desarmando sus propias defensas. Semanas antes de la masacre, la Contraloría había reunido a entidades de control y alertó que los recursos para prevenir el reclutamiento de menores se desplomaron. La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ciprunna y encargada de coordinar esta tarea, vio caer su presupuesto un 83,8 por ciento. Pasó de 12.891 millones de pesos en el periodo 2019-2023 a apenas 1.810 millones para 2024-2026. Ni siquiera utilizaban todo lo asignado: de los 12.891 millones anteriores, la comisión solo gastó 9.216 millones.

Mientras tanto, el reclutamiento no cede sino que cambia de métodos. El Ministerio Público alertó que los grupos armados ahora recurren a modalidades como el enganche digital y los falsos "enamoramientos" para captar a menores. Los números hablan solos: la Unidad para las Víctimas reporta 11.830 menores vinculados a actividades de grupos armados, cifra con corte a abril de 2026. El desafío es brutal y el gobierno está intentando enfrentarlo con los bolsillos prácticamente vacíos.