La muerte de Kevin Acosta sigue generando tensión en el país. El pequeño de siete años, quien padecía hemofilia A severa, falleció después de haber estado sin recibir su medicamento esencial durante meses. Esta tragedia ha provocado indignación y ahora el procurador Gregorio Eljach ha salido a reclamar a los altos mandos del gobierno por la forma en que han abordado públicamente este caso.

Eljach fue contundente en su mensaje a Petro y al ministro de Salud Jaramillo. "Hago un llamado vehemente a todo servidor público, a toda autoridad, especialmente a quienes ocupan los cargos de dirección del Estado –para no dar nombres propios, ministro de la Salud y presidente de la República–, para que actúen con un sentido de sensibilidad, consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos", expresó el procurador. El funcionario considera que sus expresiones públicas sobre lo sucedido han sido inapropiadas en un momento de crisis para el país.

El presidente Petro había comentado que si a un niño hemofílico "no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención", agregando que el sistema de salud debería enseñar a las madres sobre estos cuidados. Por su parte, el ministro Jaramillo señaló que Kevin llegó al hospital después de montarse en bicicleta, insistiendo en que a los hemofílicos hay que restringirles ese tipo de actividades. Para el procurador, estos comentarios carecen de la sensibilidad que el caso demanda.

La hemofilia A severa es un trastorno de coagulación sanguínea que puede provocar sangrados peligrosos. Kevin requería inyecciones de Emicizumab cada 28 días para reducir el riesgo de hemorragias. Sin embargo, según su familia, dejó de recibir este medicamento desde el 12 de diciembre cuando Medicarte, la clínica que lo atendía en Palestina (Huila), terminó su contrato con Nueva EPS el 1 de enero de este año. El niño quedó completamente desprotegido sin acceso a su tratamiento vital.

Frente a esto, la Procuraduría ha tomado medidas. Ordenó a la Superintendencia de Salud que intensifique la vigilancia sobre Nueva EPS, la aseguradora responsable del caso. El Ministerio Público pidió a la superintendente Ad Hoc Luz Marina Múnera que ejerza controles rigurosos sobre los planes de acción de la entidad para evitar que vuelvan a ponerse en riesgo vidas de pacientes. También solicitó información detallada sobre los estados financieros, el procesamiento de cuentas médicas y la ejecución de planes de modernización tecnológica. La Superintendencia tiene cinco días hábiles para entregar estos reportes.

El ente de control advierte que todo esto se hace pensando en proteger los derechos fundamentales de más de 11 millones de afiliados a Nueva EPS. La tragedia de Kevin ha expuesto fallas graves en el sistema que no pueden repetirse.