El procurador general Gregorio Eljach sacudió la escena política colombiana al anunciar que el Ministerio Público inició una indagación contra seis ministros del gobierno de Gustavo Petro por presunta participación indebida en política. La cifra es todavía más grande si se cuenta el universo total: 142 funcionarios están siendo investigados por la misma razón. Durante sus declaraciones en el "Gran Encuentro Paz Electoral", Eljach fue claro en un punto: "Hay seis nombres de ministros (...) y hay una que está lista incluso para pliego de cargos". Pero aquí viene lo incómodo. El procurador no reveló cuáles son esos nombres. Tampoco dijo cuál es la investigación que ya tiene acusación formal lista.

Lo que ha puesto a muchos a cuestionarse es la coherencia del procurador a la hora de explicar qué constituye realmente una falta de este tipo. Hace poco tiempo Eljach dijo que "si bien es legítimo que (Petro) defienda su obra de Gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra". Pero apenas hace días, en entrevista con Blu Radio, cambió de criterio. Entonces aseguró que lo que importa es si el funcionario actuó como ciudadano o desde su cargo oficial. Explicó que "Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar".

Esta ambigüedad deja muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se clasifica la cuenta oficial del presidente Petro en la plataforma X, antes Twitter? Por ahí transmite sus decisiones de gobierno y ha generado incluso crisis diplomáticas, como cuando se enfrentó públicamente con Donald Trump por un vuelo de deportados colombianos. ¿Eso cuenta como vida privada o como uso de su investidura?

Mientras tanto, han surgido hechos que levantaron sospechas durante esta época electoral. El más comentado fue lo que llamaron el "tarimazo" del ministro de Salud Guillermo Jaramillo, quien utilizó una tarima con equipos básicos de salud para un evento en Bogotá. Al día siguiente, exactamente la misma tarima fue usada para el cierre de campaña del Pacto Histórico al Congreso, con participación de Iván Cepeda. Algunos vieron esto como un aprovechamiento de recursos oficiales para beneficiar una campaña.

El ministro del Interior Armando Benedetti ha rechazado estas interpretaciones. Según él, existe una mala comprensión sobre lo que significa participación indebida en política. Afirmó que las críticas parten de "mitos y leyendas" alrededor de la norma. En entrevista con Caracol Radio explicó su posición: "Participar indebidamente en política es cuando usted hace algo en contra de lo que está escrito y lo que está escrito es que usted no puede, por ejemplo, usar mi puesto para que las personas que están por debajo de mí las ponga a trabajar, a votar, a hacer propaganda electoral por un candidato". El propio presidente Petro ha sido protagonista de momentos que sus críticos interpretan como apoyo electoral. Recientemente mostró el cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla y escribió: "los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario", gesto que muchos leyeron como un respaldo directo al acto.

La pregunta que queda flotando en el ambiente es si el Ministerio Público aplicará rigurosamente estas normas sin distinción, o si la relatividad de las definiciones permitirá que todo dependa del punto de vista de quién analice cada caso.