El procurador general Gregorio Eljach apretó la cuerda y dejó clara su posición: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tendrá que dar cuentas sobre lo que está pasando con los procesos contra el presidente Gustavo Petro. Con un plazo de apenas tres días hábiles, el jefe del Ministerio Público exigió un reporte detallado que incluya los números de radicación, los nombres de quienes presentaron las denuncias y en qué etapa está cada caso.

La tensión política creció el lunes 25 de mayo cuando trascendió que Petro había compartido un video del cierre de campaña del candidato Iván Cepeda en Barranquilla, acompañado de mensajes que hacen referencia a las urnas. Para la oposición, eso cruza la línea que la Constitución le impone al presidente: mantener neutralidad en asuntos electorales. El mandatario está bajo la lupa por presunta participación indebida en política electoral, una conducta que despertó las alarmas de las autoridades disciplinarias del país.

Los números hablan por sí solos: ya hay cinco expedientes formales en contra del jefe de Estado. Ciudadanos y políticos lo acusan de delitos como prevaricato por omisión y acción, abuso de autoridad e inducción a funcionarios públicos para que participen en debates electorales. Según fuentes del Congreso, la Comisión de Acusación ya está alistando la apertura de una investigación previa ante toda esta acumulación de quejas.

Las denuncias señalan un patrón: Petro estaría aprovechando espacios públicos y sus redes sociales para insistir en la necesidad de mantener su proyecto político con miras a las próximas elecciones del 31 de mayo. Lo que antes podría haberse visto como libertad de expresión, ahora está siendo catalogado como un abuso de su posición como presidente.