Mientras se acerca la primera vuelta electoral, vuelven a saltar las alarmas por la participación del presidente Gustavo Petro en política, algo que legalmente no debería hacer. Esta vez fue por un mensaje en X donde mencionaba el cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla. El problema es que los funcionarios públicos, especialmente el presidente, no tienen permiso para respaldar directamente a candidatos. Petro ya enfrenta al menos diez procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por este tipo de actuaciones.

Pero lo que más llama la atención es cómo está respondiendo a esto la Procuraduría, que es el ente que debe vigilar y sancionar a los funcionarios cuando se comportan mal. El procurador Gregorio Eljach fue bastante claro hace pocas semanas. En un video, pidió a los actores políticos y a los ciudadanos "hacer un uso prudente y responsable de sus contenidos y sus mensajes". Y fue todavía más directo con el presidente: "El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación", sostuvo en un comunicado institucional. Incluso advirtió que aunque el mandatario tiene derecho a defender los logros de su Gobierno, "es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral".

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente esta semana. En una entrevista en Blu Radio, Eljach explicó que según la jurisprudencia, lo importante es si un funcionario actúa como ciudadano o desde su investidura pública. "Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina", expresó. Con esto, dejaba abierta la puerta para que el mensaje de Petro en X pudiera considerarse como expresión personal y no como un acto oficial.

Este cambio de discurso levanta sospechas sobre la independencia de la Procuraduría. Eljach fue elegido con respaldo del Gobierno y obtuvo una aplastante votación de 95 votos en el Senado, incluso con injerencia del ministro del Interior Armando Benedetti. Aunque en algún momento intentó mostrarse como una figura de "oposición", ahora, a pocos días de las elecciones, todo indica que modificó su posición.

El representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, no tardó en expresar su molestia. A través de X escribió que "uno quisiera que el hecho de violar las leyes electorales generara vergüenza, sanciones y rechazo social, pero aquí no pasa nada". Cuestionó directamente a las autoridades, diciendo que "no hacen nada, la Comisión de acusaciones del Congreso no sirve de nada y los ciudadanos comen callados cuando se trata del candidato de sus afectos". Para Carvalho, el mensaje es contundente: "Este gobierno rompió las leyes para elegirse y ahora lo hace para perpetuarse".