La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar lanzó un grito de auxilio al Gobierno Nacional. Desde Procaña advierten que el sector enfrenta una tormenta perfecta: mientras los precios del azúcar caen y el dólar se deprecia, grupos delincuenciales aterrorizan a productores y trabajadores con secuestros, extorsiones y ocupación de tierras. Es una presión sin tregua sobre una agroindustria que genera empleo formal para 280.000 personas.

La situación en el terreno es angustiante. "Desde la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) expresamos nuestra preocupación frente a la compleja coyuntura social que impacta al sector de la caña de azúcar", dice el comunicado de la gremio. Más de 5.000 hectáreas han sido invadidas, especialmente en el norte del Cauca, lo que ha complicado aún más las operaciones. A esto se suma el deterioro de la seguridad en las zonas productoras y las lluvias que han reducido la productividad. "La presencia de estructuras delincuenciales, sumada al incremento de secuestros, actos terroristas, extorsiones y afectaciones en más de 5.000 hectáreas por invasiones—especialmente en el norte del Cauca— profundizan el riesgo operativo y humano en el territorio", dice el comunicado.

Lo que más preocupa a los cañicultores es el efecto dominó que esto genera. No solo están en riesgo los 280.000 empleos directos, sino el bienestar de más de 1,2 millones de personas que dependen de este sector. Los programas sociales que la agroindustria financia en la región también están en peligro. La Fundación Corazón de Caña, por ejemplo, benefició el año pasado a más de 12.000 niños y jóvenes, intervino 80 escuelas en infraestructura y educación, y promueve huertos familiares donde participan más de 4.600 personas. Todo eso está ahora en la cuerda floja.

Procaña fue claro en su petición al presidente Gustavo Petro: "Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad rural y garantizar los derechos humanos de los trabajadores, sus familias y cultivadores de cañal, así como a la implementación de medidas integrales que protejan la sostenibilidad del sector y la estabilidad social regional". También pidieron que se priorice la compra de etanol de origen nacional para fortalecer la soberanía energética y proteger los empleos.

La situación en el Valle del Cauca y el norte del departamento es crítica. La caña de azúcar sigue siendo un motor de inversión social e infraestructura en la región, pero ese motor está fallando. El sector necesita que el Estado tome cartas en el asunto ahora, antes de que la crisis se vuelva irreversible para miles de familias colombianas que dependen de este cultivo.