Hace unos días se registró un evento que pasó casi en silencio en el corazón de la administración pública colombiana. Miembros de la Primera Línea ocuparon la sede del Ministerio de Justicia ubicada en la calle 53 de Bogotá con un objetivo claro: conseguir la libertad de sus compañeros que siguen en cárceles del país por su participación en actos de vandalismo durante las recientes movilizaciones sociales.

La situación fue lo suficientemente seria como para obligar a evacuar a los funcionarios de la dependencia. Sin embargo, la toma se mantuvo bajo discreción y se gestionó en niveles altos del ministerio. Durante varios días la ocupación continuó, pero todo sucedió fuera del escrutinio público. Hasta ahora no se conocen detalles sobre qué conversaciones se llevaron a cabo entre los manifestantes y las autoridades, ni qué promesas, si las hay, fueron hechas para que la Primera Línea abandonara voluntariamente las instalaciones.

El silencio que envolvió esta ocupación contrasta fuertemente con un reciente pronunciamiento judicial que ha reavivado el debate sobre los eventos de 2021. El Tribunal Superior de Bogotá determinó mediante sentencia que parte de los disturbios ocurridos durante el denominado estallido social no fueron simples protestas espontáneas, sino acciones coordinadas con características de terrorismo urbano. Según el fallo, tras analizar interceptaciones telefónicas, testimonios y seguimientos, los magistrados encontraron que hubo estructura organizada detrás de algunos episodios de vandalismo y ataques coordinados en la capital.

La corte identificó que varios de los procesados mantuvieron comunicaciones y operaron en alianza con células vinculadas a disidencias de las FARC, específicamente el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez. Los actos incluían ataques a la Fuerza Pública, daños a infraestructura como el TransMilenio y caos deliberadamente planeado. Como consecuencia, varios implicados fueron condenados a penas de hasta 19 años de prisión.

Esta sentencia ha generado reacciones profundamente divididas. Mientras algunos sectores la ven como prueba de que hubo infiltración criminal en las protestas, otros la interpretan como un intento de deslegitimar la movilización social masiva de 2021, que dejó decenas de muertos y generó denuncias de abusos por parte de la Fuerza Pública. El fallo no niega la existencia de manifestaciones legítimas, pero insiste en que ciertos actos vandálicos respondieron a coordinación delictiva.

La pregunta que queda en el aire es qué responderán los funcionarios ministeriales ahora que la justicia ha calificado los eventos como terrorismo urbano. ¿Qué compromisos, si los hay, adquirieron durante la ocupación de MinJusticia? El misterio permanece mientras la polarización sobre uno de los capítulos más convulsos de la historia reciente del país sigue creciendo.