Las autoridades dieron un golpe importante contra las disidencias de las Farc con la captura de un sospechoso que durante un año vivió literalmente mirando a los ojos a una de las principales bases del Ejército en Medellín. Juan Esteban Durango Pardo, conocido en los círculos criminales como "el Flaco" o "Choroto", fue detenido el 27 de abril en el conjunto residencial Parques del Estadio, ubicado en la comuna de Laureles, justo al frente del comando de la Séptima División y la Cuarta Brigada.

Lo preocupante del caso es que durante todo ese tiempo, según la investigación de inteligencia militar, el hombre fungía como un eslabón crucial en la estructura criminal. Durango Pardo era miembro del Estado Mayor Central, la disidencia que lidera Néstor Vera Fernández conocido como "Iván Mordisco", y servía como enlace entre el frente 18 que opera en el norte de Antioquia y el bloque Occidental Jacobo Arenas que actúa en el suroccidente del país. Su rol era coordinar el refuerzo de armas, dinero y combatientes que llegaban desde el Cauca hacia Antioquia.

El criminal se movía entre los edificios de esa urbanización de estrato cinco con una fachada impecable: fingía ser un minero con inversiones en Chocó y Cauca, se desplazaba en una camioneta Toyota Prado y mantenía un perfil bajo que lo hacía pasar desapercibido. Pero desde su apartamento número 821, realizaba operaciones de alto impacto. Administraba las finanzas del frente 18 derivadas de la minería ilegal de oro, participaba en el reclutamiento de combatientes, coordinaba la distribución de coca, y lo más grave: movilizaba explosivos para adaptar drones comerciales y usarlos como armas contra la Fuerza Pública. Además, desde esa ubicación estratégica hacía labores de inteligencia para anticiparse a los movimientos militares.

Su identidad quedó comprometida el 10 de marzo, cuando el Ejército atacó el campamento principal del frente 18 en Ituango, matando a siete integrantes incluyendo al comandante Erlinson Echavarría Escobar, conocido como "Ramiro". Preso de la rabia y bajo efectos del alcohol, Durango Pardo disparó varios tiros al aire desde las ventanas de su apartamento. Los vecinos llamaron a la Policía y los uniformados le incautaron una pistola marca Jericho calibre nueve milímetros. Lo sorprendente fue descubrir que el arma tenía un permiso especial de porte expedido por el Ejército con vigencia hasta 2029. Según las fuentes de la investigación, "Creemos que el tipo pagó $10 millones de pesos a un oficial corrupto para obtener ese salvoconducto".

El allanamiento realizado por agentes del CTI de la Fiscalía y soldados del Gaula Militar confirmó todo lo que los investigadores sospechaban. En el apartamento encontraron dos proveedores de la pistola, un celular y 25 millones de pesos en efectivo. La audiencia de control de garantías que concluyó este martes dejó a Durango Pardo en prisión preventiva, imputado por concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito. Aunque se declaró inocente, la medida de aseguramiento fue dictada por el juez.

El caso deja al descubierto la vulnerabilidad de las guarniciones militares en Medellín y cómo los criminales logran camuflarse en zonas residenciales de la ciudad, incluso a metros de distancia de las bases de la Fuerza Pública.