Desde el municipio de Barichara en Santander, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, encendió las alarmas sobre una de las crisis más profundas del país: el acceso al agua potable. Durante la instalación de un Diálogo Constitucional dedicado al tema, la funcionaria no se guardó palabras al calificar la situación en La Guajira como una "vergüenza nacional", dejando clara su preocupación por una problemática que va más allá de los documentos y conceptos legales.

Con una franqueza poco común en su cargo, Meneses reconoció que desde Bogotá se construyen argumentos jurídicos rigurosos sobre derechos fundamentales, pero que estos no siempre tocan tierra en los territorios donde la gente sufre. "Un concepto jurídico no calma la sed, ni llena un cántaro, ni evita que un niño enferme por beber agua contaminada", afirmó, colocando el foco en lo que realmente importa: la vida de las personas.

La magistrada habló desde su trinchera personal como mujer, madre y servidora pública, expresando el dolor que le causa ver cómo comunidades indígenas como el pueblo wayúu siguen padeciendo escasez de agua mientras la corrupción aprovecha esa vulnerabilidad. Cuestionó la contradicción incómoda de que Colombia sea un país con abundantes recursos hídricos, pero donde hay territorios donde la gente muere de sed por falta de acueductos funcionales, gestión administrativa deficiente y prácticas de corrupción que perpetúan la desigualdad.

Para Meneses, esta crisis refleja uno de los indicadores más crudos de la pobreza que vive el país. Subrayó que la justicia constitucional debe dejar de ser un ejercicio teórico y convertirse en un puente real que traduzca los compromisos internacionales sobre derechos humanos en soluciones concretas para acueductos rurales inoperantes, fuentes de agua afectadas y comunidades que dependen de soluciones precarias.

"El agua no es un favor que se le hace al pueblo; es la obligación primaria de cualquier sociedad que se pretenda civilizada", concluyó la magistrada, enfatizando la necesidad de impulsar transformaciones estructurales profundas que garanticen este derecho fundamental en todo el territorio nacional.