Un documento judicial contradice directamente lo que el presidente Petro ha estado diciendo públicamente en los últimos días sobre riesgos de fraude electoral. La Presidencia misma presentó una respuesta formal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una acción popular de noviembre de 2025, y allí admitió algo que no había comunicado a los ciudadanos: no tiene pruebas técnicas que respalden sus advertencias.

El escrito, presentado por Milton Alexander Dionisio Aguirre, asesor jurídico de la Presidencia, mediante el oficio OF125-00221256, plantea un argumento intrigante. Según consta en el expediente, lo que ha dicho Petro sobre el software electoral, los kits de votación, los contratos y las empresas proveedoras no estaría respaldado por auditorías, peritajes ni investigaciones oficiales. Cuando un demandante pidió que mostraran esas pruebas, sencillamente no aparecieron.

Aquí surge una pregunta incómoda para cualquier ciudadano: la Presidencia argumenta ante los jueces que cuando un mandatario habla como simple opinador tiene derecho a expresarse sin demostrar nada, pero cuando habla como autoridad debe respaldar lo que afirma. El dilema es que nadie sabe claramente en cuál rol se encuentra hablando Petro cuando hace estas advertencias públicas. ¿Son opiniones protegidas por la libertad de expresión o son afirmaciones que exigen respaldo técnico porque provienen de la autoridad máxima del país?

Detrás de esta acción judicial estarían abogados especializados en litigio estratégico, acompañados por la Fundación Diplo. Durante el último año, estas iniciativas han buscado trasladar a los jueces las declaraciones públicas del presidente y obligar al Gobierno a demostrar lo que dice en la plaza pública. Es una estrategia para convertir el debate ciudadano en un debate judicial donde la prueba es obligatoria.

Mientras tanto, Petro ha continuado cuestionando directamente a instituciones clave. Ha atacado a la Registraduría, la Misión de Observación Electoral y los entes de control. Específicamente dijo: "ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude, sino de desestimularlo". También se dirigió directamente a Alejandra Barrios, directora de la MOE, asegurando que "Alejandra fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo".

Hacia los entes de control fue más directo aún: "No, señores de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría: es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral; es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el Congreso y tumbados por la justicia".

El contraste es notable: en los pasillos de la justicia, la Presidencia no tiene pruebas que mostrar. En la plaza pública, el presidente sigue advirtiendo sobre riesgos específicos y atacando la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar elecciones limpias. Para un ciudadano, esa contradicción genera una pregunta fundamental: si es tan grave el problema del fraude electoral, ¿por qué no se presenta ante los jueces con evidencia concreta en lugar de solo opiniones?